Si Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), llamó “palo asechao” la designación y juramentación de los 107 directores de distritos escolares por parte del Ministro de Educación, Andrés Navarro, ¿cómo calificaría la carta que le envió la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, reseñada ayer por este diario, en la que le expresa su mas enérgica protesta por la decisión de contratar abogados por la friolera de RD$8 millones para la defensa de “personas que no son miembros  de nuestro sindicato”? Los profesores Franco de los Santos, Xiomara Guante y Juan Humberto Santos se refieren a la “defensa” de la carrera docente, amenazada, según la ADP,  por la ordenanza que dispone  la escogencia de los directores regionales y distritales mediante concursos, para lo cual el gremio  contrató a tres conocidos juristas. Pero también   coinciden, con sus reservas sobre las verdaderas intenciones de sus dirigentes, con quienes señalan que la oposición de Hidalgo  y compartes a la ordenanza de Educación solo busca proteger los privilegios producto del clientelismo  que ha echado raíces profundas en la ADP. La corriente magisterial también se quejó en su carta  de que el año pasado una seccional del gremio fue condenada por sentencia por luchar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros, pero “las acciones del CEN fueron insignificantes con un hecho que sí representa un atentado a la carrera docente”. Es una lástima que sus firmantes no identificaran a las personas que no son miembros del gremio que serían los verdaderos beneficiarios de esa defensa de lujo, que precisamente por eso ha puesto a muchos a preguntarnos  si lo que se está defendiendo es la carrera docente o los privilegios de los actuales dirigentes  de la ADP, entre los que figura poder disponer de ocho millones de pesos para boicotear los esfuerzos del Estado dominicano por mejorar la calidad de nuestra mediocre  educación pública.