Lo voy a decir  de manera directa, sin darle muchas vueltas, pues los hechos, tozudos, no admiten otra interpretación: la eliminación del párrafo II del artículo  42 del Proyecto de Ley de Partidos, que faculta  a la Junta Central Electoral (JCE) a levantar  un registro de concurrentes  que evite  que una misma persona pueda votar por los candidatos de varios partidos, es una clara evidencia de la mala fe de los senadores que lo aprobaron o, en su defecto, de quienes le bajaron esa línea (no se crean el cuento de que los legisladores peledeístas  fueron dejados en libertad de votar por las primarias según su conciencia) para que se cumpliera así el cronograma reeleccionista del Gran Titiritero  que maneja los hilos desde el Palacio Nacional. Tan  evidente es la intención  detrás de la supresión de ese párrafo, contenido en el Proyecto de Ley de Partidos depositado en el Congreso  por la JCE,  que inevitablemente se ha convertido en otra razón más para que los que se oponen a las primarias abiertas y simultáneas en la Cámara de Diputados, que inicia a partir de hoy el conocimiento del proyecto, rechacen su aprobación. Pero también ha servido para fortalecer el convencimiento de quienes, dentro y fuera del Congreso Nacional, sostienen que el verdadero propósito de tratar de imponer contra viento y marea las primarias   abiertas es que la Ley de Partidos no se apruebe, que continúe  en el limbo en el que ha estado los últimos veinte años, y a quienes más conviene que las cosas sigan como están es a los que administran el Presupuesto Nacional.  Eso  también explicaría los “errores y vicios” que, según el abogado Nanphy Rodríguez, contiene el proyecto aprobado por los senadores,  lo que obligaría  al Poder Ejecutivo a  vetarlo. Si los que así piensan tienen razón habría que concluir que el hábil titiritero  que dirige el espectáculo es también un buen jugador  de dominó,  pues todo indica que el  reeleccionismo  dominará por cualquiera de las dos cabezas.