El caso Odebrecht, calificado como el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia, acaba de dar un  giro inesperado con la denuncia de los periodistas Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, ha desatado una persecución contra ellos y sus familias al disponer una investigación  para establecer sus vínculos con  el empresario Angel Rondón, principal imputado por el Ministerio Público. Ambos periodistas celebraron ayer una rueda de prensa para  denunciar que las acciones del Procurador obedecen a que han dedicado “cientos de horas” a tratar el caso, pero sobre todo a criticar la “torpeza procesal” conque  se han conducido las investigaciones. ¿Quiere eso decir que todos los que hemos criticado los errores del proceso estamos expuestos a que también  investiguen nuestras cuentas bancarias? ¿Es cierto que el Procurador intentó  chantajearlos enviándoles mensajes amenazadores a través de terceros?  Son acusaciones muy graves  que en la Procuraduría, donde su vocera confirmó  que investiga a los conocidos  periodistas, además de otras personas,   para determinar  su participación en el reparto  de los 92 millones de dólares que pagó Odebrecht en sobornos, tendrán que  responder. Es de lamentar, sin embargo, que los denunciantes, en una acción que sorprendió a los periodistas convocados a su rueda de prensa, advirtieran antes de empezar que no permitirían preguntas, pues como bien saben convocantes y convocados las respuestas  a esas preguntas hubieran permitido  que la opinión pública  se edifique mejor sobre la naturaleza de su denuncia y sus implicaciones, si es que las tiene,  para la libertad de expresión. Creo que se trata, insisto,  de acusaciones muy graves  que el doctor Jean Alain Rodríguez no debe dejar en el aire, como creo también que quien tiene sus cuentas claras –sea periodista, pelotero o ingeniero–   no tiene porqué temer   una investigación judicial.