Puede afirmarse, a ojo de buen cubero, que el expediente acusatorio contra los imputados de recibir los 92 millones de dólares que  Odebrecht admitió haber pagado  en sobornos, que finalmente resultaron ser tan solo siete, ha recibido más críticas y descalificaciones que elogios, sobre todo desde la sociedad civil y organizaciones  como el Movimiento Marcha Verde, que llamó a la ciudadania y sectores sociales a protestar contra lo que definió como una “manipulación inaceptable del Ministerio  Público” para excluir de la acusación a importantes dirigentes del PLD. Ese aluvión de críticas fue tan intenso y extenso que  obligó  a la Procuraduría General de la República a emitir el pasado domingo un comunicado en el que defiende el expediente acusatorio, asegurando tener  1,711 pruebas contra los acusados, de las cuales 1368 son documentales, 234 materiales, 54 testimoniales, 42 procesales, 4 ilustrativas y 9 interrogatorios. El comunicado detalla que en el transcurso del proceso fueron investigadas mas de 400 personas y compañías, realizándose  una minuciosa revisión de mas de 800 mil transferencias y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos financieros. Una tarea ardua y minuciosa que consumió mas de 130 mil horas de trabajo  de 50 especialistas que durante año y medio laboraron a marchas forzadas en el voluminoso  expediente de 518 páginas, un esfuerzo digno de reconocimiento que si juzgamos por las críticas recibidas ha resultado fallido, y mas que nada incompleto. No haber incluido en esas investigaciones  las sobrevaluaciones a las obras contratadas   por tres gobiernos distintos, ni el financiamiento  que fue a parar a manos de  políticos, justifican la desconfianza y el descreimiento que, desde el principio, mantuvieron muy bajas las expectativas de una sociedad que perdió  la confianza en el sistema de justicia y su capacidad para sancionar la corrupción.