¿Qué hace el Ejército con los bienes y valores que decomisa en la frontera por haber sido introducidos al país de  contrabando? ¿Por qué no somete a la justicia a los contrabandistas y traficantes de haitianos que sus miembros apresan en plena flagrancia? Desde que se hizo pública la carta enviada por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al Ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, en la que le solicita descontinuar la práctica de liberar sin formularles cargos a los contrabandistas y traficantes de indocumentados y le recuerda su obligación, porque es lo que manda la ley, de entregar al Ministerio Público las mercancías  y valores incautados para que este pueda dar “la adecuada conservación de las evidencias”, esas preguntas andan de boca en boca  al igual que las posibles respuestas, que de seguro no serán del agrado de “los altos mandos”. Porque no hace falta ser un mal pensado  para atribuir malas intenciones a la orden  de dejar en libertad, sin someterlos a la justicia, a contrabandistas y traficantes de personas, y ni hablar del hecho de retener de manera ilegal lo decomisado, como le reprochó al Ministro de Defensa en su carta el Procurador General. Dar la callada por respuesta o salirse por la tangente con una explicación inverosímil no aclara   las cosas, pues  seguimos ignorando el destino de las mercancías incautadas o porqué no se somete a la justicia a contrabandistas y traficantes. Por eso conviene  recordar que  en el Ejército, desde sus altos mandos hasta sus soldados rasos, están obligados a cumplir con lo que mandan nuestras leyes, en este caso el  Código Procesal Penal y la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al igual como debemos hacerlo todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país.