Como quien no quiere la cosa, pero con la continuidad que hace posible que se vaya ampliando, peso a peso, el agujero aquel, las autoridades monetarias y financieras han vuelto a encender la maquinita de los certificados financieros. Esta vez, emitiendo 6,000 millones de pesos mas a una tasa promedio de 29.58%, para plazos que van desde los siete hasta los 91 días. Traducido a cifras redondas, como le gusta a los economistas, la nueva emisión amplía a 70 mil millones de pesos, chelitos mas chelitos menos, el tamaño del hoyo financiero que abrió, en principio, la quiebra de Baninter, y eleva a la astronómica suma de 21 mil millones de pesos la cantidad que el Gobierno deberá pagar, solo por concepto de intereses, el próximo año. Ante un panorama así habría que preguntarse, necesariamente, quién querría seguir adelante con una carga tan pesada sobre sus hombros, y en circunstancias tan adversas. Pero ya ustedes conocen la respuesta.

[b]Marcha atrás[/b]

¿Por qué hacerlo fácil si puede ser complicado? Esa parece haber sido la absurda premisa de la que partió la idea del Gobierno de dividir en dos quincenas el salario de los empleados públicos, que desde el primer día y hasta el sol de hoy ha probado ser incompatible con la ineficiencia que ha caracterizado nuestra administración pública desde la democracia para acá. Por eso los esforzados servidores del Estado dominicano, que se han multiplicado, en sentido geométrico, en la gestión perredeísta, solo han sufrido sinsabores desde que se dispuso la medida, que si bien ha demostrado hasta la saciedad que no funciona, tampoco aparece un alma caritativa que ordene su eliminación. Eso explica que un grupo de diputados acabe de anunciar su decisión de pedirle formalmente al Poder Ejecutivo, mediante una resolución, que vuelva a poner las cosas en su lugar, aunque solo sea -habría que agregar- para ahorrarle molestias y contratiempos a los compañeritos en tiempos de campaña electoral.

[b]¿A quién creerle?[/b]

Hay que señalar, para que conste en ese escabroso expediente, que ninguna de las explicaciones ofrecidas para justificar la petición formulada por las Fuerzas Armadas a la Junta Cantral Electoral, en la que solicita la entrega del padrón electoral junto a la ubicación y composición de los colegios electorales, ha sido satisfactoria, sobre todo porque, de manera curiosa, ninguna coincide en sus razones y justificaciones. El doctor Luis Arias, presidente del pleno de la JCE, declaró que esa petición fue hecha para detectar la existencia de miembros de los cuerpos castrenses en ese listado, pero la jueza Rafaelina Peralta, de la Cámara Administrativa, asegura que fue el general Jorge García, responsable de la seguridad de los Juegos Panamericanos, quien se acercó a la JCE con esos fines. Para enredar aún mas las cosas, el general Armando Nivar Rivera, Encargado de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas (J-2), sostiene que lo único que a ellos les interesa es la ubicación de los centros de votación, y solo por razones de seguridad. ¿Y entonces?