Las “multas fantasmas” vuelven a la palestra, en esta ocasión debido a las denuncias de gremios de transportistas de la región Norte, que acusan a los agentes de la Digesett de multar de manera irregular a 42 mil choferes (sí, leyó bien). Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), dijo que en esa entidad reposan mas de 6,000 multas de tránsito que han sido impuestas de manera aleatoria, incluidas personas que hace años no viven en el país. Y cuenta que hace unos días acudió a la Fiscalía de Santiago a buscar un papel de buena conducta, donde para su sorpresa se enteró de que tenía siete multas, una de ellas por no llevar puesto el casco protector a pesar de que tiene mas de treinta años que no se monta en una motocicleta. Ante la lluvia de quejas y reclamos la actual dirección de la Digesett dispuso una investigación, pero en lo que se investiga cada caso los afectados se ven obligados a pagarlas si quieren obtener un certificado de no antecedentes penales o renovar sus licencias de conducir. Uno de esos ciudadanos calificó esas multas como “un robo a las claras” y tiene razón, pero como se trata de un robo institucionalizado porque quienes imponen esas multas lo hacen en nombre de la autoridad, también pueden considerarse un impuesto compulsivo ideado por una mente macabra que quiso convertir AMET (y de hecho lo logró) en otra agencia recaudadora del gobierno. Y ese es el país en el que estamos viviendo, un país en el que los policías y otros agentes del orden pueden ser mas peligrosos y letales que los mismos delincuentes, de lo que pueden dar fe los familiares de los comerciantes de piña acribillados en Capotillo por agentes de la DNCD, y donde aquellos que nos representan (senadores, diputados, regidores) solo se representan a ellos mismos, mientras amasan fortunas que luego nos estrujan en la cara conscientes de nuestra indefensión e impotencia. ¿Hasta cuándo?