“Magistrado, le escribo en ocasión de remitirle el informe que a su vez me remitiera la Juez Interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de este departamento judicial, a raíz de una publicación en medios de comunicación promovida por la Procuraduría General de la República exageradamente cruel, inexacta, mendaz y plagada de malicia. Que mas que una noticia parece un plan para hacer “saltar” a la juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la juez de la ejecución de la pena de este departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”. Así empieza  la  extensa  carta que le dirigió la jueza presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, María G. Garabito Ramírez, al Director General de Administración de la Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, en la que hace una ardorosa defensa de las acciones y decisiones de la jueza Katerine Rubí Matos, así como de su capacidad e integridad profesional. La magistrada aprovechó la carta, que sorprendió a la opinión pública por su rispidez,  para criticar acremente el “protagonismo” conque el Ministerio Público  quiere manejar los centros Penales de San Cristóbal, otorgando incluso permisos al margen del Juez de Ejecución de la Pena, de lo que puso como  ejemplo al interno  Luis Lara, condenado a 30 años por su participación en el caso Paya; mas o menos  lo mismo por lo que ahora se acusa   a la jueza interina. Pero también fue muy poco considerada al referirse al manejo de los centros penitenciarios en sentido general, que a su juicio son “un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento absoluto de lo que tiene entre manos”. Palabras han habido, dicen por ahí, pero en la Procuraduría, donde armaron todo este  alboroto, ahora se hacen los sordos.