Como el debate en torno a la resolución de la JCE que limita las actividades proselitistas de quienes aspiran a cargos  electivos para las elecciones del 2020 continúa su agitado curso,  sin que quede claro, como en todas las discusiones de esa naturaleza, quién tiene la razón o posee la “verdad jurídica”, no perdemos nada haciendo el  siguiente ejercicio. Imaginemos  por un minuto, solo por un minuto, que el Tribunal Constitucional  da ganancia de causa al expresidente Leonel Fernández  y a todo aquel que, haciéndole  coro,  sostiene que esa resolución es contraria a la Constitución porque viola derechos fundamentales. ¿Qué es lo que celebrarían? ¿Que pueden continuar con su campaña a destiempo, perturbando la tranquilidad de los ciudadanos? ¿Que le tumbaron el pulso al “sector palaciego” al que le atribuyen  la paternidad de una  resolución que solo busca “detener el empuje de la candidatura de Leonel”?  ¿Que dejan a las elecciones  del 2020 sin un árbitro en capacidad de garantizar un proceso equitativo, creíble y transparente? Porque si hay algo que ese debate ha dejado  claramente  demostrado es que   hasta  los que argumentan con mayor vehemencia que la resolución de marras es inconstitucional  reconocen que el organismo electoral respondió a lo que puede llamarse con  propiedad un clamor nacional, al que han terminado sumándose, algunos a regañadientes, los partidos políticos.   Además de que no tiene lógica ni sentido, a menos que se actúe con mala fe, debilitar    la  autoridad  del árbitro para hacer respetar las reglas del juego mientras la guerra de facciones en el PLD mantiene en el limbo la Ley de Partidos. ¿Moraleja? ¡Dejemos a la JCE en paz!