¿Con qué autoridad Gobierno y funcionarios exigen a los ciudadanos que respeten la ley si ellos son los primeros en irrespeterla y violarla, poniendo el mal ejemplo y dañando la institucionalidad que solo defienden de la boca para fuera? Fue necesario que regidores del ayuntamiento de Santo Domingo Este, juntas de vecinos y activistas sociales se trasladaran hasta el Parque del Este, donde Obras Públicas construye una terminal de autobuses en uno de sus parqueos, para conseguir que se cumpliera la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó detener los trabajos. No es la primera vez que el Estado dominicano violenta su propia legalidad, un mal que arrastramos desde que los políticos que nos han gobernado descubrieron las ventajas de modelarlo a imagen y semejanza de sus ambiciones e intereses, pero probablemente sí sea la primera vez que ciudadanos empoderados de sus derechos han conseguido obligarlo a respetarla, no sin antes ser víctimas de varias bombas lacrimógenas que les lanzó un agresivo contingente policial que estaba allí para proteger a quienes desacataban la sentencia de un tribunal. Desgraciadamente, si ese Estado violador de su propia legalidad se propone construir esa terminal de autobuses en el Parque del Este, que para el ecologista Eleuterio Martínez constituye un insulto a la sociedad y a la Naturaleza, nada ni nadie podrá detenerlo. Y lo peor del caso es que sus promotores tendrán luego la cachaza de proclamar a los cuatro vientos, como quien se enorgullece de una gran hazaña, que lo hicieron en nombre del progreso, el mismo progreso (es preciso recalcarlo) que de manera generosa ha llenado los bolsillos de tantos peledeístas.