Es de esperarse que la política de ocultamiento de la Policía, dizque para no alarmar a la población, no sea un obstáculo para que  explique de manera convincente  cómo fue posible que un vigilante privado, al que acusa de ser quien planificó el asalto a una agencia de valores del Banco Vimenca en Santiago, se suicidó de un balazo en la cabeza  cuando se encontraba esposado  dentro de un vehículo de la institución. Para complicar  aún mas las cosas,  y rodear de mayores suspicacias el presunto suicidio, el vocero del Comando Cibao Central reveló ayer que el detenido era primo de uno de los oficiales que lo custodiaban, que deberán explicar de dónde salió  la pistola, una Colt 45, con la que el vigilante se quitó la vida,  ya que no le pertenece a ninguno de ellos. La Policía  también tiene el deber de  explicarle al país  las sospechosas circunstancias en que se produjo el allanamiento en  busca de los responsables (y el dinero)  del asalto a una sucursal del Banco Popular  en el ensanche Isabelita, donde se produjo un  tiroteo en el que murió un mayor  y otros cuatro miembros de la institución resultaron heridos, pues ese operativo  se realizó sin la presencia del Ministerio Público,  como manda la ley, lo que a estas alturas no podían ignorar los oficiales  que lo dirigieron. Esas fallas en el protocolo, como las describe con excesiva  indulgencia el Director de la Policía,  nos obligan a recordar que la pasada semana cuatro oficiales de la Policía fueron enviados a la cárcel, como medida de coerción, acusados de apropiarse de mas de dos millones de pesos propiedad de una empresaria  de Los Alcarrizos víctima de un robo, dinero  que habrían  recuperado  pero que no devolvieron a su legítima dueña. ¿Tampoco  cumplieron el protocolo? Y todo eso ocurre en momentos en que la sociedad dominicana  está bajo el acoso feroz de la delincuencia y la criminalidad, razón por la cual  nos sentimos  atemorizados, pero sobre todo indefensos y desamparados.