Los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que conocen el recurso de amparo que busca detener la construcción de una terminal de autobuses en el Parque del Este, que el Ministerio  de Obras Públicas inició sin contar con los permisos de uso de suelo y de impacto  ambiental que exige la ley, se reservaron ayer el fallo, una verdadera papa caliente cuando se piensa que tienen que decidir si dan ganancia de causa a los munícipes que se han declarado en pie de guerra contra  la obra, que el pasado domingo realizaron una concurrida marcha de protesta en la que  participaron regidores  y diputados, o al Gobierno, que a pesar de que está claramente en falta no da señales de que piense desistir  de su despropósito, y a nadie sorprendería que  trate de ejercer presión sobre los integrantes  del TSA para forzar una decisión favorable. Mientras tanto no tuvo ningún reparo en  emitir, a través del Ministerio  de Medio Ambiente,  una carta de “no objeción” que no está sustentada en un estudio de impacto ambiental,  que además llegó un mes después de que Obras Públicas inició a la brava los trabajos. Era previsible, conociéndonos como nos conocemos, que Medio Ambiente quiera  sacarle las castañas del fuego a Obras Públicas, lo que   convierte a su incumbente en cómplice de una violación flagrante de la ley, pero también lo hace corresponsable de los eventuales daños que puedan sufrir los parques  del Este y de Los Tres Ojos, dos áreas protegidas que debería empeñarse en preservar y proteger, no en destruir. Pero esas son las cosas que pasan cuando los que dirigen el Estado  a través de sus instituciones olvidan, de manera alegre e irresponsable, que al asumir sus cargos juraron servir al pueblo respetando nuestras leyes  y la Constitución de la República.