La Marcha Verde del pasado domingo en San Pedro de Macoris demostró, si acaso había alguna duda, que la dirigencia del movimiento cumplirá su promesa de mantener una permanente movilización social (para el próximo 16 de julio anunciaron una marcha nacional en Santo Domingo “para demostrar que el pueblo seguirá luchando”) hasta que la justicia sancione a los responsables de recibir sobornos de Odebrecht. En un manifiesto leído por sus voceros, el colectivo exigió que sean excluidos del caso los jueces de la Suprema Corte de Justicia Hirohito Reyes, Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra, quienes forman parte de la Sala Penal de esa alta corte, a los que calificó de ser “jueces políticos” al servicio del PLD. De ahora en adelante vamos a leer y escuchar con frecuencia sus nombres, sobre todo en las redes sociales, y desde luego también en las marchas verdes, donde se convertirán en víctimas, como ya lo son los principales líderes de nuestra partidocracia en apuros, de las mordaces críticas de los manifestantes que desahogan su indignación en letreros y pancartas. Digámoslo sin darle mas vueltas, para que se entienda mejor el mensaje: esos magistrados acaban de convertirse en potenciales objetivos de la misma “presión social” que envió tras las rejas a ocho de los imputados por recibir sobornos de la constructora brasileña. Pero eso ya se lo imaginan los susodichos, sobre todo el doctor Moscoso Segarra, quien ya pasó por esa difícil experiencia (y eso que entonces la corrupción no era una preocupación de los ciudadanos ni había marchas verdes), que bien podría servirle para ayudar a entender a sus compañeros a lo que se exponen. ¿De qué manera? Contándoles qué se siente estar en la picota pública por haber contribuido a crear la “jurisprudencia de la corrupción” con la que, según la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se le ha garantizado impunidad total a los corruptos.