No hace falta ser experto en nada para atreverse a pronosticar que tomará su tiempo desenmarañar la compleja trama de connivencias y complicidades que hizo posible que el recluso Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito, desapareciera sin dejar rastros, luego de fingir su muerte, sabe Dios con la ayuda de cuántas manos y a cuál precio. Porque ahí está, precisamente, el primer gran escollo al que se enfrentan los investigadores: determinar, más allá de toda duda posible, quiénes se prestaron consciente y voluntariamente a participar en la bien urdida comedia y quiénes, en cambio, fueron sorprendidos en su buena fe, como alega la suspendida jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macoris que envió a Quirinito a su casa, a cumplir prisión domiciliaria, en atención a su diagnosticada condición de enfermo terminal de cáncer de lengua. Tantos actores entrando y saliendo de escena no solo complican la tarea de los investigadores sino que también confunde a una opinión pública que no sabe bien a qué atenerse ni en quien creer, pero que contempla asombrada cuán vulnerable ha demostrado ser nuestro sistema penitenciario, y sobre todo qué poco control tiene de lo que allí ocurre la Procuraduría General de la República. Que, por cierto, tampoco está libre de sospechas, pues a muchos nos cuesta creer que durante la planificación, ejecución y feliz culminación de la trama que sacó a Quirinito de la cárcel sus incumbentes estuviesen de vacaciones en Babia, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo delante de sus propias narices. Y ahí está, a mi juicio, el otro gran escollo para el esclarecimiento cabal de los hechos y quiénes fueron sus verdaderos protagonistas. Lo que estoy tratando de decir, por si no me he explicado con suficiente claridad, es que en este caso la Procuraduría se está investigando a sí misma, y ya sabemos por experiencia lo poco confiables que son los resultados de las investigaciones cuando el que investiga es juez y también parte.