Seis querellas en la Policía, e igual cantidad de órdenes de alejamiento, no pudieron impedir que el abogado Víctor Radhamés Sosa asesinara a Belkis Almonte, de 34 años, quien se negaba a reconciliarse con su victimario debido a su temperamento violento. También fueron muchas las amenazas de muerte con las que la mantenía en permanente estado de zozobra, a tal punto que casi no salía a ninguna parte y tenía que vivir escondiéndose  en casas de  amigos y parientes cercanos, amenazas que finalmente cumplió el pasado domingo en la tarde, cuando en pleno parque del barrio Mil Flores, en Los Tres Brazos, la mató de siete balazos y se disparó luego a la cabeza. “Belkis obtuvo seis órdenes de alejamiento y apresamiento en contra de Víctor, pero las autoridades le hicieron poco caso al llamado de auxilio que mi hija mantuvo por cinco meses”. Es fácil  entender la desgarrada impotencia de Elías Almonte, que no logra asimilar, ni lo asimilará nunca, el hecho de que ni la Policía ni la Fiscalía fueran capaces de protegerla de  su asesino, que a cada rato  le advertía: ”si no eres para mí, no serás de nadie”. Y, desgraciadamente, así fue. ¿Pero por qué esas autoridades no pudieron evitar que se cumpliera la  sentencia de muerte implícita en esa expresión? ¿Por qué las querellas y las órdenes de alejamiento contra hombres maltratadores  solo sirven para precipitar el feminicidio? Es muy probable que la muerte de Belkis Almonte, quien dejó en la orfandad dos hijos que procreó en una relación anterior, se diluya en las aterradoras estadísticas  de feminicidios  que han llenado de luto y dolor a tantas familias. Pero su caso puede servir también para determinar qué está fallando en los mecanismos legales diseñados para  proteger a las mujeres de sus agresores y asesinos. Porque seis órdenes de alejamiento en apenas cinco meses son, sencillamente, demasiadas, y alguien debe ser responsable por tanta negligencia.