Tiene razón el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando afirma que el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1 es un patrimonio del pueblo dominicano cuya importancia va más allá de los ciclos de los gobiernos, por lo que no debería estar expuesto a los vaivenes políticos y administrativos que se manifiestan en cualquier democracia, sobre todo en la versión tropicalizada que preferimos en esta media isla, para que pueda asegurarse su eficiencia. Y sugirió cuatro condiciones que, a su juicio, serán las que en el futuro garantizarán  que mantenga la misma calidad en el servicio: fuertes aportes financieros del Estado que deben consignarse en el Presupuesto Nacional;  contar con los protocolos de estándares para evitar que se relaje el servicio; un régimen de selección y reclutamiento del personal en base a las competencias y experiencias y, por último, la entrega y dedicación del personal humano y las agencias asociadas. Al leer esas condiciones se entiende la preocupación del funcionario, quien el pasado jueves anunció en la ciudad de  Santiago la ampliación y consolidación del 9.1.1 en la región Norte, pues una de nuestras debilidades institucionales  mas acentuadas es, precisamente,  el desprecio  de los gobiernos  por el principio de la continuidad del Estado. Y si me piden ejemplos no tengo que ir muy lejos, ya que esta administración descuidó de manera alarmante –provocando  quejas y protestas de los usuarios– el mantenimiento  del Metro de Santo Domingo,  la obra cumbre de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, a quien hoy por hoy el danilismo trata como su enemigo número uno.   ¿Por qué esperar de él un trato distinto si, como pronosticó  esta semana una encuesta, vuelve a ser Presidente de la República en el 2020? Dejaré la pregunta en el aire, pero convencido de que en el Palacio Nacional  no existe el menor  interés en responderla.