No había que hurgar mucho en la Constitución para encontrarse con el artículo que prohíbe que Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, sea candidato a la Presidencia de la República, y dudo mucho que el susodicho, que tuvo la desfachatez de convocar una rueda de prensa para hacer públicas sus aspiraciones presidenciales, no supiera de su existencia. Efectivamente, tal y como lo reseñaron ayer varios periódicos a Domínguez Trujillo puede aplicársele el artículo 20 de la Constitución que establece que para aspirar a la Presidencia primero tendría que renunciar voluntariamente a la nacionalidad norteamericana que posee, junto a la dominicana, al menos diez años antes de hacer públicas sus aspiraciones. ¿Cumplió con ese requisito? ¿O alguien me va a decir que no encontró el hijo de Angelita Trujillo un abogado al que pudiera consultarle sobre los eventuales obstáculos legales que se oponen a su “sueño” de ser Presidente? ¿Tampoco sabe que una ley, la 5880, prohíbe la promoción del trujillismo? ¡Claro que lo sabe! Pero eso no le importa o, peor todavía, cree que a la que no le importa es a la sociedad dominicana, que tan poco respeto muestra –oportuno es recordarlo– por sus propias leyes. Por eso digo que Domínguez Trujillo estaba consciente, al presentar su programa de gobierno, en el que promete devolverle la “gloria” a las Fuerzas Armadas y enfrentar la “invasión” haitiana, de la existencia de todos esos obstáculos, así como también del instintivo rechazo que provocaría, como efectivamente sucedió, la sola mención de su apellido. Pero lanzó ese globo de ensayo para medir nuestras reacciones, nuestra tolerancia, pero sobre todo nuestra capacidad de olvido 60 años después; en fin, quería (y quiere) saber si estamos dispuestos a declarar prescrito, olvidado y perdonado el horror vivido durante los 31 años de feroz y sangrienta dictadura que encabezó su querido abuelo llevando a otro Trujillo al Palacio Nacional.