Será la investigación que inició la Inspectoría General del Consejo del Poder  Judicial la que determine si la jueza de  Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katerine Rubio Matos, actuó conforme a la ley y la Constitución al emitir mas de 60 permisos navideños en favor de internos que cumplían condenas en distintos recintos penitenciarios del país, algunos por casos tan sonados como la matanza de Paya y la red de narcotráfico  y sicariato de Figueroa Agosto. Pero quien les escribe solo aspira a que alguien, a propósito de este nuevo escándalo,  responda algunas preguntas, en lo que llegan los resultados de esa investigación. ¿Cuántas veces ha ido un juez de ejecución de la pena a los recintos carcelarios a ofertar  el “derecho” de los internos a recibir  un permiso navideño? ¿Cuántas veces se les han concedido permisos masivos por cualquier  causa o motivo? ¿Por qué la magistrada Rubio Matos se mostró  mas interesada en conceder esos permisos que los propios beneficiarios, que según el protocolo son los que tienen que solicitarlos, personalmente o a través de sus abogados, para ver si califican? ¿Por qué se le dio el mismo trato  a quien participó en la ejecución de siete ciudadanos extranjeros, lo que se conoce como la Matanza de Paya, que  al que está acusado de asociación de malhechores y robo simple? ¿Por qué en esos permisos  no se especificó la dirección ni la forma de localizar a las personas que se harían responsables de su “custodia”? ¿Quién iba entonces a garantizar que esos internos, una vez se cumplieran sus permisos, regresarían  a sus recintos? Insisto: alegue lo que alegue  la jueza Katerine Rubio Matos, serán los inspectores  del Consejo del Poder Judicial los que digan la última  palabra. Pero lo menos que puede decirse es que actuó al margen de una ley no escrita,  fundamental para quien toma decisiones,  llamada  prudencia, una falta que agravó con un exceso de audacia impropia de quien asume un cargo  tan importante  de manera interina.