Qué se dice: Volviendo al tema

Claudio Acosta

Me siento en la obligación de  volver sobre el tema antes de que el apresamiento en Moca del activista social Juan Comprés, a quien una patrulla policial plantó en su vehículo una bolsa con 52 gramos de cocaína para incriminarlo, deje de ser  noticia de “palpitante actualidad” y pierda interés, aunque lo cierto es que se trata de una práctica institucionalizada que tiene mucho tiempo provocando sufrimientos  y angustias a familias pobres de los barrios, que se ven obligadas a buscar un dinero que no tienen  para evitar que sus hijos sean enviados a la cárcel con un falso expediente de drogas sobre sus espaldas. Juan Radhamés de la Rosa, Director   Ejecutivo de Casa  Abierta, revela que existe incluso una tarifa que arranca desde los cinco mil pesos en adelante. Y se queja de lo que ya sabemos: que   la lucha contra las drogas en este  país es frecuentemente un recurso para el chantaje, la extorsión y ahora también “para la represión política”. El Observatorio de Derechos Humanos para grupos Vulnerabilizados informó la pasada semana que ha recibido denuncias de unos cincuenta jóvenes a los que les han colocado sustancias ilícitas en los últimos cuatro años, una cantidad realmente significativa cuando se piensa que la inmensa mayoría de las víctimas de esas acciones no  presentan denuncia  por temor a represalias. Rafael Valentín Vega, asistente legal de la organización, explicó que los jóvenes entre los 18 y 26 años son los que mas riesgos corren, y citó a Guachupita, Los Guandules, Gualey y Capotillo como los sectores donde esos jóvenes están mas expuestos a ser victimizados. O sea que se sabe donde es que se produce el delito, quiénes lo cometen, y cuáles son sus víctimas. Pero como los que  cometen ese delito actúan en nombre de la autoridad, no se hace nada por evitar que policías y agentes de la DNCD continúen  extorsionando a familias cuyo único crimen   es ser pobres y tener que sufrir la desgracia de malvivir en un “barrio caliente”.


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