Se queja el doctor Jorge Subero Isa, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia,  de que al Poder Judicial nunca se le asigna el presupuesto que le corresponde por ley, el 2,66% de los ingresos consignados en el Presupuesto General de la Nación, lo que a su juicio retrasa el proceso de modernización de nuestro sistema de administración de justicia,  convirtiéndolo -dice- en la principal víctima del sistemático incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley de Presupuesto.

Olvida el doctor Subero, sin embargo, que  desgraciadamente no es el único con derecho a expresar ese tipo de quejas, como bien saben los síndicos del país, enfrascados en una eterna lucha con el gobierno en reclamo de que se les conceda el 10% de los ingresos fiscales previstos en el Presupuesto Nacional que les asigna la ley 176-07, y lo mismo podría decirse de la Educación dominicana, la que menos inversión recibe del continente latinoamericano a pesar de que la Ley General de Educación dice que debe asignársele el 4% del Producto Interno Bruto. Contrario a Educación y los ayuntamientos,  la Suprema Corte de Justicia sí puede, con sus acciones y decisiones, obligar al Poder Ejecutivo,  léase al gobierno de turno, a cumplir el sagrado mandato de la ley.

Inaceptable
Algo tendrá que hacer el gobierno, y hacerlo pronto, para impedir lo que está ocurriendo con la ayuda destinada a los damnificados de la tormenta Noel en la provincia de Barahona, donde bandas armadas que se desplazan en motores asaltan los camiones que la transportan hacia los distintos refugios o las comunidades más golpeadas por el fenómeno. La situación ha llegado a tales extremos que la directora provincial de Salud, Amelia  Peguero, ha tenido que disponer que la ayuda sea trasladada en horas de la noche o camuflarla en ambulancias, para burlar el asedio de los asaltantes y que estas puedan llegar a quienes las necesitan. Huelga decir que se trata de una situación inaceptable que este, al igual que cualquier gobierno en idénticas circunstancias, está obligado a corregir de inmediato, sea asignando  escoltas armadas a los responsables de distribuir la ayuda o confiando su reparto a las Fuerzas Armadas, su experiencia y su  logística. Hace falta que el gobierno imponga la  autoridad de la que se supone investido e impida que esos saqueos se sigan produciendo.

Otra vez Boca Chica
Remold Francois Monel, un ciudadano francés de 58 años, es la nueva víctima de la feroz delincuencia que se ha ensañado con el polo turístico de Boca Chica, segando la vida de cuatro extranjeros en los últimos cuatro meses. Monel, quien tenía un mes apenas que había llegado al país y ya estaba construyendo una residencia, fue asesinado la noche del pasado domingo por varios jóvenes, que le asestaron once puñaladas y le aplastaron la cabeza con una piedra  para robarle. Lo más irónico del caso es que mientras en Boca Chica la gente -criollos y extranjeros- no se atreve a salir de noche de sus casas y hoteles por temor a ser víctimas de la delincuencia la Policía Nacional afirma, a través de su vocero, que la delincuencia en el país se ha reducido  entre  un 20% y un 25% en los últimos tres meses gracias, según el general Ramón Francisco Rodríguez Sánchez, al incremento de la vigilancia y el patrullaje preventivo. ¡Gran cosa!