Aunque su propósito era urgir a sus colegas a que aprueben en el más breve plazo posible el proyecto de ley que prohibiría la exportación de cobre, la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, de  que una “mafia” integrada por militares de alto rango se dedica al robo de cables para luego  venderlos a las empresas que lo exportan podría ser la explicación a la inexplicable impunidad que hasta ahora ha rodeado esa actividad delictiva en el país,  que ha provocado pérdidas millonarias tanto a las empresas distribuidoras de electricidad como a las telefónicas.

¿Cómo perseguir de manera eficaz  un delito que tiene tan buenos padrinos? Si las cosas son como las pinta el presidente de la Cámara de Diputados, quien en la sesión de ayer reiteró la denuncia, resulta evidente que dada la imposibilidad de poner freno a esos robos la única opción que queda es la prohibición pura y simple, como propone el proyecto de ley en manos de los legisladores, de la exportación de los metales con los que se fabrican. Así que, señores diputados, ¡manos a la obra!

Detrás de los problemas

La noticia de que el gobierno destinará 18 millones de pesos a la adquisición de 20 camiones cisterna para reforzar el programa de reparto de agua que ejecuta la CAASD en los barrios y sectores más afectados por la sequía constituye la mejor demostración de que el gobierno marcha a la zaga de muchos de los problemas que nos aquejan como sociedad, sea por falta de previsión o planificación por parte de los funcionarios o simple y sencillamente porque ha traspapelado las prioridades del país. La crisis en el suministro de agua que sufre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, producto de la mayor sequía -según autoridades de la CAASD- de los últimos  años, es probablemente el ejemplo más ilustrativo de ese rezago, pues se trata de una situación que se podía prever y, por tanto,  diseñar con tiempo los correctivos de lugar, incluida un campaña de educación que en esta época del año recuerde a la población que el agua es escasa y que hay que racionarla. Nada de eso se hizo, y ahora hay que pagar -y a qué precio- el costo de la improvisación. ¿Cuándo aprenderemos?

Mercados agropecuarios

Cuando el secretario de Agricultura Salvador -Chío- Jiménez hizo el anuncio, desde el Palacio Nacional, de que se instalarán 28 plazas agropecuarias en distintos puntos de la Capital y cada una de las provincias del país con el propósito de abaratar los productos de mayor consumo de la población las autoridades se tomaron el cuidado de advertir que esa decisión nada tenía que ver con la huelga que se realizaría al día siguiente, aparentemente para no dar la sensación de que se cedía al chantaje de los convocantes del paro, que entre sus exigencias planteaban, coincidencialmente, una reducción en los precios de los productos de la llamada canasta familiar. Ocurre, sin embargo, que en los barrios y sectores donde se anunció que se instalarían los mercados agropecuarios desde el pasado martes -Cristo Rey, Villa Mella, Los Alcarrizos, Capotillo y 24 de Abril, entre otros- todavía siguen esperando a la gente de Agricultura, que atribuye el retraso a problemas de logística y coordinación. Si el gobierno quiere que le crean el cuento de que esas plazas agropecuarias no son una respuesta a quienes convocaron la “exitosa” -según el color del cristal conque se mire- huelga  del lunes pasado tiene que aceptar, por lo menos, que lo forzó a precipitar su anuncio sin haber afinado todos los detalles.