La sociedad dominicana continúa bajo los efectos de posiciones políticas encontradas, radicales y paralizantes, sostenidas por liderazgos partidarios que, a partir de la estrechez de sus fines, se niegan a ceder hacia un consenso que haga posible dotar al país de una ley de partidos, faltando todavía, además, concebir otra ley fundamental para superar la vulnerabilidad que muestra el sistema electoral a factores que restan equidad a los procesos. La improductividad del diálogo entre actores políticos y congresuales para algo tan elemental resta autoridad y crédito a los participantes y a los ejercicios de poder en los que se desenvuelven.
El cuestionamiento mayor a la discordancia frustratoria recae sobre legisladores de una misma enseña colocados en una polarización que los debilita numéricamente en los hemiciclos sin restarles capacidad para cerrar el paso a las iniciativas que no satisfagan los objetivos de una de las partes. El juego ha sido trancado más de una vez impidiéndose el avance de la República hacia un estadio superior de institucionalidad. Un conflicto interno que, sin sonrojos, agrede a amplios sectores a partir de los criterios que tan irreductiblemente asume uno de los liderazgos mayores del peledeismo, imposición sectaria a las otras opciones partidarias, a la JCE y a la sociedad civil, actuación que no toma en cuenta la demostrada inviabilidad de la fórmula a la que se aferran.

 Preservación del gasto corriente

Un análisis al movimiento contable del Gobierno indica que el déficit fiscal está siendo combatido a través de la reducción de recursos para obras, lo que se palpa en la lentitud, y en algunos casos parálisis, de construcciones ordinariamente favoritas para el «efecto demostración» del «dinamismo constructor». Pero como nada es perfecto y poner gente a cobrar importa demasiado, el gasto corriente ha crecido un 15%, porcentaje que se iguala a la reducción de inversiones en el período.

En la visión predominante desde el poder, el flujo más a la mano para enfrentar desequilibrios es el que destina recursos a infraestructuras útiles a la colectividad como escuelas y hospitales, incluyendo el retrasarse en el pago de cubicaciones, para desgracia de constructores y proveedores, mientras el grifo de gastos en nóminas sigue en lo suyo.