Las estadísticas oficiales sobre salud arrojan que cerca del 20 % de la población padece trastornos mentales.
Esos datos fríos encierran la cruda realidad que atraviesan alrededor de dos millones de seres humanos que necesitan atención especial y el viacrucis que sufren sus cuidadores.
Pero ¿qué tipo de asistencia reciben los que velan por la seguridad física y emocional de estos pacientes? ¿El Estado implementa programas para evitar que colapsen y pasen a engrosar las preocupantes cifras?

“Deben tener soporte psicológico, terapias, fortalecer sus emociones y proyecto de vida”, explica el psiquiatra José Miguel Gómez.

Sin embargo, cuando hace este planteamiento deja claro que el país no solo no cuenta con números que permitan saber cuántas personas terminan perturbadas por cuidar a un enfermo, sino que tampoco existe respaldo estatal.

La carga emocional y económica que implica asumir el cuidado de un enajenado mental envuelve al cuidador en una cadena de estrés, ira, impotencia e incluso depresión, con la que debe lidiar en medio de la culpa por sentir estas emociones.
El trabajo abarca vigilar la alimentación, el aseo, la seguridad, disciplina del tratamiento y la visita al médico, lo que puede ser abrumador. Sobre todo si el encargado de esas tareas es un empleado sin ningún vínculo parental o emocional con el afectado.

Es por esto que Gómez llama a prestar mayor atención a esas personas cuya estabilidad el sistema deja de lado. Entiende que es necesario crear un plan de auxilio social, psicológico y profesional.

Insta a no hacer sentir culpable al enfermo, ya que desalentado por la situación que su padecimiento provoca puede agravar y, por ende, el cuadro podría volverse más desolador y agrandar el círculo.
No es solo asunto de salud. También está el factor social. Los parientes se dividen porque uno de los miembros siente que tiene más peso que el resto.

De las vicisitudes que trae consigo el cuidado de un familiar trastornado sabe demasiado Lucía Cabral Martínez.

“Había meses en los que el costo de los medicamentos llegaba hasta a 20 000 pesos. Mis hermanos me ayudaban, pero yo llevaba la mayor carga sola, además de que con quien vivía mi papá era conmigo y muchas veces salía de noche y tenía que ir a buscarlo. Llegó un momento en el que no podía, ni quería, pararme de la cama, deprimida”, cuenta.

Ante esta realidad, la recomendación del sociólogo Julio Núñez es la intervención estatal con políticas efectivas, puesto que este tipo de problema aleja y resquebraja la familia, la vuelve agresiva entre sí y con su entorno e incrementa la violencia en la sociedad.

Recuerda que cada ciudadano es un ente que puede aportar o destruir la sana convivencia, de acuerdo a como sea enseñado a manejar sus conflictos emocionales. Pase a la pág 3C