”Colegio de Abogados dice idea de enjuiciar a Medina es peligrosa”/ “Sectores divididos sobre interpelar a Medina”/ “Senador considera imprudente tratar de interpelar a Danilo”/ “Cadet y Rodríguez opuestos a interpelar a Medina”/ “Conep rechaza pedido de interpelación al Presidente”/ “Finjus rechaza idea de enjuiciar a Medina” / “Fundación Justicia y Transparencia considera descabellada idea de enjuiciamiento  al Presidente”…¿Quién hubiera dicho, seis meses atrás, que estaríamos viendo esos titulares inundar nuestros periódicos, tratándose de un Presidente que se reeligió con mas del 60% de los  votos? ¿Qué ocurrió? Esa pregunta tiene una sola respuesta: el escándalo de los sobornos  que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios dominicanos para asegurarse la adjudicación de grandes obras de infraestructura, una metodología corrupta que replicó  en mas de una decena de países del continente latinoamericano y que tiene en salmuera a varios presidentes y expresidentes. Unos cuantos legisladores de oposición  de cuyo nombre ya nadie se acuerda se atrevieron, aprovechando que el país fue estremecido por la revelación de que Odebrecht  financió la campaña  del presidente Medina,  a plantear esa posibilidad, poco menos que  imposible en la democracia  dominicana, donde  el oficialista  PLD controla “todos los poderes”. Pero si esa propuesta, no obstante ser calificada de disparatosa,  ha ganado tanto espacio en la opinión  pública es porque existen las condiciones para que así sea, la principal de todas el notorio contraste entre las acciones que se han tomado en otros países  desde que estalló  el escándalo y el mamoneo encubridor de nuestras autoridades. Que, por cierto,  se comportan como si no supieran   que no podrán eludir las consecuencias  de un escándalo de esas dimensiones, ni  evitar que desde Brasil nos lleguen las verdades que con tanto empeño tratan de ocultar.