El tema de la Ley afrentosa 168-13, con la que se quiso dejar sin nacionalidad a casi 200 mil personas de origen haitiano y dominicanas por ley, sigue esparciendo odio en el seno de la sociedad dominicana, sigue empañando la imagen del país en la comunidad internacional de países. El Presidente promulgó la Ley 169-14, para enmendar la afrenta, pero JCE ha puesto diversos obstáculos para su aplicación y eso mantiene y acentúa los problemas removidos por la 168-13.

A pesar del espíritu de la Ley 169-14, los sembradores del odio, los variopintos ultranacionalistas, siguen su campaña de incitación a la JCE y al Ministerio de Interior y Policía, MIP, para que la desacaten y estas instituciones, de diferentes maneras, lo hacen. La prensa recoge la denuncia del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, de que por esas obstrucciones se agotará el plazo para la aplicación del régimen especial de nacionalización que beneficia a toda persona nacida en territorio nacional inscrita irregularmente en el registro civil.

El Presidente se informó del drama que viven los desnacionalizados, el cual dijo debía resolverse por lo que él entiende “razones humanitarias”. Sin embargo, esa circunstancia no sólo se mantiene, sino que tiende a empeorar, pues sólo un 1% de aquellas personas que viven la pesadilla de no ser reconocido como nacionales dominicanos ha podido ser beneficiaria de la Ley 169-14 y su Reglamento. De esa negación de derecho son responsables la JCE y el MIP, lo recoge la prensa nacional e internacional, las cuales parece que no lee el Presidente.

El plazo de la aplicación del régimen especial de nacionalización está llegando a su final y ya se habla de una prórroga del mismo. Sin embargo, esa prórroga será igualmente insuficiente para lograr el objetivo de la Ley 169-14 si el Ejecutivo y las instituciones del Estado no imponen el espíritu de esa Ley. En este caso no lo hacen, porque quienes están en la obligación de aplicarla, comenzando por el Presidente, de hecho, han asumido el plan de los ultranacionalistas que no es otro que mantener en la condición de apátridas a cerca de 200 mil dominicanos de origen haitiano.

A más de un año del malhadado intento de desnacionalización, todavía se mantiene el debate sobre las consecuencias del mismo y el Gobierno dominicano dando explicaciones en organismos internacionales sobre las denuncias de la negación del derecho a esas personas a tener sus documentos de identidad personal. Se mantiene el proceso de deterioro de la imagen del país, siendo el jefe del Estado dominicano el principal culpable de ese deterioro.

Exigir sus derechos constituye un acto de responsabilidad ciudadana y personal, solidarizarse con quienes lo hagan, independientemente del escenario donde se realice ese acto, constituye un deber político y moral irrenunciable que a nadie sitúa fuera ni contra el país al que pertenece. Todo lo contrario. Quienes se sitúan contra el país son aquellos que controlan un Estado circunstancialmente negador de esos derechos.

Mientras la JCE y el MIP sigan sus labores obstruccionistas, siguiendo las directrices de los ultranacionalistas, seguiremos el proceso de deterioro del alma nacional y de nuestra imagen internacional.