El caso del convicto Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) se pierde en una nebulosa, y parece confirmar la vulnerabilidad o ¿complicidad? del sistema de justicia en la República Dominicana.
A cinco meses de desaparecer de su residencia, donde guardaba prisión domiciliaria, y del Ministerio Público comprobar que está vivo, aunque su esposa y funcionarios habían certificado que murió y que su cadáver fue incinerado, ninguna autoridad ha podido dar con su paradero.
Lo último que sobre este enmarañado caso ha dicho el procurador general, Jean Alain Rodríguez, es que antes de que finalice este año 2017, habrá resultados sobre la investigación. Para eso le faltan hoy apenas seis días.

Mientras tanto, las voces que desde un principio han asegurado que Quirinito no estaba muerto, dan cuenta de que este fluctúa entre dos fincas, una localizada en Bonao y la otra en San Francisco de Macorís, con la protección de dirigentes políticos.
Del condenado a 30 años de prisión por el secuestro y posterior asesinato de Víctor Mella Terrero, ocurrido el 12 de diciembre de 2007, también se dice que es protegido por su tío, Quirino Ernesto Paulino, reconocido narcotraficante extraditado al país desde Estados Unidos tras cumplir condena allí por ese delito.
Ningún detenido. Pese a que durante sus investigaciones e interrogatorios, la Procuraduría General ha podido comprobar la falsedad de algunas de las certificaciones expedidas sobre el alegado fallecimiento del convicto, seis funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial han sido suspendidos en sus cargos, y uno solo destituido.
Son ellos el procurador regional de San Francisco de Macorís, Felipe de Jesús Restituyo Santos; el de la Corte de Apelación de la misma jurisdicción, José Calasanz Morel; Franklin Ortega, encargado de la Supervisión del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y el médico legista Orlando Herrera Robles.
También los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez. y de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. La destituida es la jueza de la Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, quien favoreció a Quirinito con una fianza de RD$3 millones.