La Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) expresó su preocupación por la pretensión de modificar el actual régimen de exenciones que por ley se aplica a las zonas francas y señaló que hay otros temas que sí laceran el empleo y la inversión local y extranjera: la corrupción gubernamental y privada, la evasión fiscal, la ineficiencia en el gasto público y la mano de obra informal no regulada.
La CCPS advirtió que, de eliminar las exenciones, se conduciría al descalabro para el sector productivo del país, ya que sería un golpe mortal en términos de empleo y actividad económica, en especial contra la provincia.
El presidente de la CCPS, Marco Cabral, destacó el papel y aporte que las industrias de zonas francas representan para la economía de la República Dominicana y en especial para la provincia de Santiago.
Indicó que el sector ofrece más de ciento setenta mil empleos directos y hace un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 4%. Además, una impactante transferencia de tecnología y de know-how que aumenta el capital productivo del país.

“Las exenciones a las industrias que operan bajo el régimen de zonas francas no representan un sacrificio fiscal real en la medida en que el 75% de las mismas son de capital extranjero y, por tanto, fácilmente desplazadas por sus casas matrices multinacionales a otros países que ofrecen iguales incentivos a los que tenemos actualmente en la República Dominicana. En otras palabras, de no existir estos incentivos, estas empresas no existirían en el país”, afirmó.

Cabral destacó que el mero hecho de insinuar o sugerir cambios a este esquema provoca una pérdida de competitividad del país porque las empresas que están considerando instalarse aquí o expandir sus operaciones van a sopesar su decisión, ante la posibilidad de que se cambien las reglas jurídicas.

Según la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, los datos del Consejo Nacional de Zonas Francas indican que en la región Norte se encuentran 34 de los 68 parques industriales de zonas francas que operan en el país y se ubican 316 de las 645 empresas que operan bajo este régimen.
Agrega, además, que sería un golpe mortal, en términos de empleo y de actividad económica, cambiar el régimen existente.