Dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber, Participación Ciudadana considera que el país registra limitados avances y profundos retrocesos que obstaculizan el derecho a la información y la implementación plena de la Ley General de Libre Acceso a la Información.

A 13 años de la promulgación de la Ley No. 200-04 sobre el  Libre Acceso a la Información Pública,  República Dominicana no cuenta con un órgano rector  autónomo, independiente, con facultades y competencias conforme a los más altos estándares internacionales,  que cumpla con la función de control, de socialización y difusión del derecho de acceso a la información.  En tal sentido,  urge retomar el anteproyecto de Ley que crearía el Instituto Dominicano de Acceso a la Información.

En relación a los organismos responsables de control y promoción del  derecho de toda persona a la información pública el país mantiene importantes retos, inconsistencias y retrocesos.

La Ley General de Acceso a la Información Pública carece de un órgano rector independiente, autónomo, separado de influencias políticas partidarias y dedicadas especialmente al control, vigilancia y garante del derecho a saber.

La propuesta preliminar existente de crear por ley el Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública (IDAIP), constituyó un esfuerzo para encarar la implementación de la Ley No 200-04, pero fue abortada por el Presidente Danilo Medina Sánchez, con la promulgación del Decreto No 486-12, que crea la Dirección General de Ética e Integridad, como supuesto “órgano rector” en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información.

El Estado está en la obligación de garantizar la creación de un órgano rector independiente, con su autonomía administrativa, financiera, de gestión, operativa, presupuestaria, fundamental para evitar presiones políticas o de intereses particulares y que pueda ser  soberano y autónomo, en sus decisiones y acciones, de cualquier persona o entidad, incluyendo del propio gobierno central.

Urge a la sociedad dominicana una instancia de control y garante del acceso a la información, que permita la resolución de controversias, antes de llegar a las instancias jurisdiccionales.