Nuestra democracia no es realmente diferente a otras en muchas partes del mundo; tal vez lo característico, típicamente dominicano, es su operatividad o ejecución; aquí tenemos los clásicos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; aquí celebramos elecciones en los dos primeros y el judicial es manipulado por el ejecutivo (como en otros países, sin importar el nivel de desarrollo) pero en lo que somos casi exclusivos es en la distribución del pastel estatal, específicamente el erario, que, por un lado, permite el continuismo reeleccionista negociando pedazos con aliados conforme a su volumen o representación estratégica para influir en los resultados finales de las elecciones y, por el otro, realiza distribución masiva de dádivas, asignaciones permanentes o temporales de la gran tajada con que se quedan los que usufructúan el poder, en lo que se ha bautizado como “clientelismo” utilizado como arma de primer orden desde el balaguerato y que ya se practicaba en México donde parece haber sido entronizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Colombia, donde se acompañó de un poderoso populismo; en Argentina, en España y otros países de los cuales el extinto presidente Balaguer mimetizó instituciones como la Cruzada del Amor, Inespre y otros programas de “asistencia social”.
En resumen, nuestro juego democrático se reduce a una lucha por y para repartir en pedazos el erario; por lo cual los afanes o escarceos para producir una Ley de partidos políticos no son más que un vano ejercicio para elaborar otro “pedazo de papel” tan inútil como nuestra Constitución, porque toda ley que no se aplica, sin injusticias ni privilegios, es letra muerta en un gran cementerio que no podría llamarse nación.