Según informó hoy la procuraduría general en un comunicado, se «sienta un precedente» en el país y en la región, al ser la primera vez.

La pena fue impuesta por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia contra una ciudadana china identificada como Xiomei Huang Chou.

Conforme expuso el Ministerio Público, la procesada fue detenida después de que se produjera una denuncia anónima el día 1 de octubre del 2013, durante un operativo en el que también fue rescatada la víctima, quien permaneció durante dos semanas interna en un centro de salud de dicha provincia.

El expediente instrumentado indica que a finales de enero del año 2013, en una ciudad de la República China, la señora Huang Chou conjuntamente con su esposo José Chun Ng (prófugo), procedieron a captar mediante engaño y fraude a la víctima, formulando un contrato verbal mediante el cual se comprometían a pagarle la suma de cien dólares mensuales, además de proporcionarle la comida para que trabajara en una pica pollo, ubicado en la República Dominicana.

Sin embargo, de acuerdo con el expediente Xiomei Huang Chou y José Chun Ng incumplieron con las condiciones acordadas de entregarle un pago por su trabajo y comida digna.

Durante el desarrollo de la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la procuradora fiscal de La Altagracia, Mercedes Santana, quienes lograron que el tribunal, compuesto por los jueces Sagrario Del Rio Castillo, Mercedes Sena y Domingo Duverges Caraballo, acogieran como buenas y válidas las pruebas aportadas.

La víctima estuvo representada por la abogada Liyana Pavón Lugo.

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, agradeció «la asistencia que el Ministerio Público recibió en el presente caso de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la persona de su director Cy Winter y la señora Gina Gallardo, a la comunidad china en el país, así como a la Dirección General de Migración, dirigida por José Ricardo Taveras».

En el expediente se hizo constar además que los imputados amenazaron a la víctima con tomar represalias contra sus familiares en caso de escapar y no pagar una deuda que le reclamaban por la suma de 18.000 dólares por el proceso de traslado y acogida que los mismos le habían realizado.

La pareja, según el comunicado de la procuraduría, le retuvo sus documentos personales, la obligaron a trabajar de forma forzada en el indicado pica pollo, sin recibir pago alguno, obligándola a comer las sobras, a no beber más de dos vasos de agua al día, a pedir permiso antes de dormir, comer o ir al baño, y recibiendo, inclusive, maltratos físicos y psicológicos.

Las autoridades indicaron que la víctima recibió protección de parte del Ministerio Público y que el dinero producto de la indemnización le fue depositado en un banco de la República Dominicana donde había abierto una cuenta antes del conocimiento de la audiencia.

De acuerdo a la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), a nivel mundial se estima que existen 21 millones de personas sometidas a trabajo forzado, lo cual constituye trata de personas.