La marcha contra la impunidad ha sido el brote de la indignación acumulada durante mucho tiempo por una parte importante de esta sociedad, debido a la infuncionalidad del régimen de consecuencias ante actos indecorosos de todo tipo, en perjuicio del Estado. Es un reclamo para que el Gobierno comience a ejercer el poder de manera efectiva contra la corrupción y el tráfico de influencias, tanto del presente como de anteriores administraciones.
Esta concentración masiva y ordenada, libre del aderezo partidista, es una demostración de que la autoridad tiene que cambiar los tímidos criterios conque ha manejado el tema de la corrupción. En otros países ya el caso de los sobornos pagados por Odebrecht ha desencadenado consecuencias y prisión. El escándalo por los actos de esa compañía en la República Dominicana está entre los más grandes y la sociedad está exigiendo castigo para los culpables.
Al margen de Odebrecht tenemos bajo el manto de la impunidad muchos otros escándalos que la mano de la justicia no ha tocado. Generalmente, el reclamo de castigo para la corrupción ha sido consigna mediática de políticos en campaña. El domingo, en cambio, el reclamo estuvo libre del ingrediente del partidismo. Allí había gente de todos los partidos y gente sin partido. Esa muestra social pesa y hay que atender sus reclamos de justicia y moralización.

Cuidar las aguas del subsuelo

La perforación de pozos para extraer agua o desechar licuados ha sido una actividad libertina en el país entero, no solo en Boca Chica. Es un atentado cotidiano que amenaza con extinguir las reservas hídricas y dañar con desperdicios químicos los acuíferos. No ha habido voluntad ni firmeza en la aplicación de las leyes que prohiben ese tipo de acción. Esta es una parte de la protección del medio ambiente que ha estado permanentemente relegada.
El relieve de gravedad que han alcanzado los problemas de contaminación en Boca Chica por causa de estas perforaciones, da una idea de la magnitud de los daños a nivel nacional. La salida más idónea debe ser adoptar medidas de control para que en ningún punto del país sea posible perforar pozos sin la autorización y supervisión de organismos especializados del Estado.