En los últimos días han abundado las declaraciones de diplomáticos acreditados en el país y representantes de organismos internacionales advirtiendo sobre la necesidad de que las autoridades dominicanas sancionen a quienes resulten responsables del descalabro de tres importantes bancos locales.

No vamos a hacer, por el momento, calificaciones relacionadas con el grado de injerencismo que pudiesen contener estas declaraciones, que en algunos casos encajan más en el ámbito de las recriminaciones, de los regaños. En todo caso, nuestra condición de signatarios de numerosos acuerdos y tratados nos compromete a dar respuestas específicas en aquellos casos en que se pone en juego la estabilidad del sistema financiero y de la economía del país en sentido general, como es el caso que nos ocupa. Recordemos, de primera intención, que somos deudores con dificultades para pagar y que eso nos hace sujetos de regaño.

El hecho de que de manera tan reiterada se nos enrostre la necesidad de castigar las responsabilidades implícitas en la quiebra de esos bancos podría tener su fundamento en la forma tradicional y poco fiable en que han sido manejados muchos asuntos judiciales. Ha de presumirse que en un país de indultos escandalosos y excarcelaciones alegres, donde es posible que individuos acumulen decenas de sometimientos en tiempo record sin ser castigados, es también posible que responsabilidades de gran magnitud puedan ser evadidas o cubiertas con el manto de la impunidad. No acusamos a nadie en particular, pero estamos contestes que dada nuestra forma de actuar en el aspecto judicial se creen ciertos temores en quienes están acostumbrados, fuera del país, a que la ley se cumpla como tal y la venda de la justicia no se caiga ante poder alguno.

-II-   De manera que el intrusismo, si lo hay, puede resultarnos odioso y ofensivo para nuestra soberanía de nación, pero debemos admitir que nuestra forma de manejarnos ha dado pie a estas recriminaciones.

Hemos acudido al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de auxilio para cubrir el hoyo financiero provocado por la forma en que el Gobierno manejó la crisis de uno de los grandes bancos colapsados. Ha sido ese hoyo financiero lo que ha puesto la economía del país en serias dificultades. Sin embargo, innecesariamente fallamos en el primer tramo de las negociaciones con el FMI al adquirir el Gobierno dos empresas distribuidoras de electricidad, y fallamos nuevamente en el segundo tramo, cuando fueron subsanadas las distorsiones provocadas por la adquisición en cuestión. ¿Acaso no son esas muestras fehacientes de insolvencia, de incapacidad para respetar nuestros propios compromisos?

Con razón o sin ella, sea injerencismo o no, nuestra conducta al manejar asuntos internos con repercusión internacional nos ha hecho pasibles de estos señalamientos y recriminaciones. Nos olvidamos de que en un mundo de economía globalizada y de ataduras contractuales suscritas a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cada país signatario tiene que manejar sus asuntos internos con transparencia hacia el exterior.

De ahí que, para dejar de ser pasibles de estos regaños, de estos injerencismos, debemos comenzar por respetar nuestras propias reglas, haciendo que la institucionalidad funcione como debe y no como se nos antoja, y permitiendo que sea la justicia la que administre la ley.