La diversificación de proveedores que en apoyo a empresas medianas y pequeñas ha logrado el Estado para democratizar la inversión tiende a retrasarse en sus benéficos efectos porque se les contrata, se les pone a gastar en insumos y salarios y los pagos dejan de llegarles a tiempo, tardanzas que podrían hacerlas perecer. Ya la descapitalización ha puesto varias veces al borde de la interrupción el programa de alimentos en los planteles. No se descarta que una burocracia engorrosa junto al consabido déficit fiscal aparezcan detrás de los incumplimientos. No ha funcionado, evidentemente, la prohibición del Poder Ejecutivo de contraer compromiso de gasto o inversión sin la previa disponibilidad de recursos para cubrirlos. Cuando no aparece la voluntad política de hacer valer directrices, todo queda en intención.
Muchos jóvenes de escasos recursos se consideran afortunados cuando el Estado les asigna becas para estudiar en el exterior, sobre todo en Europa. Luego aparece alguna cíclica carencia del dinero que no les hacen llegar para cubrir necesidades básicas de alimentación, alojamiento y gastos académicos. Caen en unas precariedades difíciles de resolver en playas extranjeras, a expensas de que, con muchos sacrificios que podrían incluir deshacerse de escasos bienes, sus familias en el país les envíen remesas de emergencia. La morosidad lleva incertidumbre a gente que trata de abrirse camino en la vida.

Sin opción para lo inevitable

El Gran Santo Domingo incluye suburbios y barrios en los que la pobreza abunda, con gente que a lo mejor se ha puesto a la expectativa por el pregón de que ahora las puertas para entrar a la clase media son más anchas. Con tan buena perspectiva suena raro que en una zona muy poblada como Los Alcarrizos, los desheredados de la fortuna, que preferirían mejor vida, no tengan siquiera dónde enterrar a sus muertos en lo que el hacha va y viene.
La opción ha sido un extenso terreno estatal y allí están ya las primeras sepulturas para “salir de eso” porque un sepelio normal hacia sitios aceptados conlleva gastos que superan sus ingresos y no ha habido forma de superar obstáculos para formalizar el camposanto haciéndose imprescindible la intervención del Gobierno central del que esperan el derecho a una última morada.