El historial de algunas áreas de los servicios consulares dominicanos no es ciento por ciento favorable a las comunidades en el exterior ni al interés nacional; en algunos momentos han funcionado como cotos propicios a la creación de empleos superfluos y bien pagados, aprovechables por amigos o usuarios del poder decididos a beneficiarse del Estado. Este país tiene el dudoso honor de alcanzar un récord en alto número de funcionarios consulares y diplomáticos, dejando chiquitos en ese renglón a algunos países grandes. Esto, con ruptura de la norma de reciprocidad. Más representantes en el exterior que lo que el exterior destina a esta nación. Ni más ni menos que una espléndida cantera para personajes bien conectados que aspiren a colocarse o colocar a algunos descendientes y colaterales en el disfrute de remuneraciones en dólares.
Una nómina desproporcionada que no siempre ha significado prestar servicios más razonables a dominicanos constituidos en comunidades de ultramar. Por el contrario: se dan casos de cónsules sedientos que imponen cobros desmesurados por los servicios que prestan, como acaba de ocurrir en España en forma tan injustificada que la Cancillería, saliéndose de la tradición de dejar pasar, dejar hacer, ha desautorizado el alza. El país hace bien en exportar sus protestas. El dominicano que se exilia por necesidad y falta de oportunidad en el país debe ejercer el derecho a reclamar.

Vianela, víctima sin revuelos

Se trata de un crimen de los más brutales, suficiente para que la sociedad en pleno se sienta herida profundamente. Ocurrió la semana pasada en Vianela Reinoso, una niña de 13 años. Agresión a la niñez y a la mujer. Se trataba de un ser vulnerable y en condición de pobreza, residente en el barrio de Villa Faro, sin prominencia para activar contundentemente la acción pública.
Su caso ha estado alejado de los focos de atención a pesar de sus características consternadoras como para ser inscrito en las prioridades de autoridades para investigarlo y dar con los autores desconocidos de este secuestro, asesinato y posible violación. Su familia y la comunidad reclaman un desagravio tras el irreparable daño. Los brutales asesinos deben recibir el castigo que merecen como señal contundente y de efecto futuro contra hechos similares.