Ningún dominicano genuinamente interesado en la suerte nacional puede cuestionar intenciones del Presidente Medina en su discurso de rendición de cuentas. Pero al tenor de la socorrida admonición del repúblico español Manuel Azaña relativa a la buena oposición como requisito para buen gobierno, resulta imperativo advertir sobre los recursos para financiar sosteniblemente y sin efectos adversos, la puesta en práctica de dichas intenciones.

Desconocemos si alguna instancia oficial ha cuantificado su costo, pero a prima facie parecería que la disponibilidad de recursos constituirá el nudo gordiano para plasmarlas.

Recordemos que nuestra nación arrastra enorme déficit fiscal de la administración del Presidente Fernández, incrementada por el servicio de la deuda que hubo que concertar para financiarlo. Todavía los gastos del Gobierno durante 2013 condicionados por burocracia heredada superaron 10% las recaudaciones y 30% al sumarle la amortización de la deuda. Fue necesario tomar prestado más de US$3000 millones para solventar los excedentes de gastos del sector público no financiero con relación a las recaudaciones.

La posibilidad de incrementar recaudaciones requiere ser cuidadosamente ponderada luego del fracaso de aventuras tributarias emprendidas durante los últimos años bajo el eufemismo de “reformas” que no han alcanzado metas ingresos de las autoridades y han provocado efectos contraproducente de disminución de la presión tributaria por fomentar informalidad y la evasión. Solo por ingresos extraordinarios provenientes de transacciones de empresas y renegociación contractual con Barrick fue posible lograr estimaciones presupuestarias.

La posibilidad de seguir desenfrenadamente el endeudamiento tiene el límite impuesto por el art. 233 de nuestra Constitución que ordena asegurar que el mismo “sea compatible con la capacidad de pago del Estado”. Hoy, sin contar la deuda de organismos descentralizados ni la garantizada por el Estado, el gobierno central consume más de la tercera parte de las recaudaciones en pagar principal e intereses. La posibilidad planteada para este año de nueva emisión de bonos por US$ 1500 millones incrementaría esta proporción. Los financiadores, simpáticos al conceder préstamos pero exigentes al cobrarlos, suelen vigilar, especialmente después de malas operaciones con naciones europeas, la capacidad de pago de nuestras naciones; llegando a imponer condicionamientos políticos o económicos, con o sin la ayuda del FMI, que pueden contravenir las intenciones del discurso. La contingencia de un cambio del esquema de financiamiento de PETROCARIBE, principal proveedor externo de fondos, no puede ser ignorado.

Las intenciones del discurso presidencial no se garantizan con ilusiones tributarias ni ignorando condicionamientos exógenos a financiamientos; sino con la vía endógena de una mayor disciplina fiscal, debiendo para ello enfrentar privilegios como la hipertrofiada burocraciay los subsidios enriquecedores de empresarios eléctricos y transporte, entre otros.