El redactor de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana, manifestó su respaldo a una modificación de la legislación, siempre que sea para fortalecer los derechos de la población, reducir las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), y las Prestadoras de Servicio de Salud (PSS).
No obstante, hizo constar que varios de los problemas actuales no se originan en el diseño de la ley, sino en su falta de aplicación y en algunas distorsiones al ejecutarla.

En ese sentido, citó, primero, la posposición de la atención primaria y del primer nivel de atención como la puerta de entrada a la red de servicios, para establecer una verdadera protección y promoción de la salud; segundo, la posposición indefinida del Régimen Contributivo Subsidiado para afiliar y proteger a los trabajadores independientes y autónomos, que representan unos tres millones de dominicanos, y tercero, la no vigencia del derecho al seguro de salud de los pensionados y jubilados.
En cuarto lugar, aunque no menos importante, mencionó el derecho a la actualización del monto de las pensiones para garantizar su poder adquisitivo.

El primer gerente general del CNSS dijo que dentro de las distorsiones, la más importante es el establecimiento de copagos para la mayoría de los servicios, contraviniendo la ley, ya que ésta sólo establece un solo copago de un del 30% en la compra de medicamentos ambulatorios.

Entiende el especialista que la ley debe ser modificada en cinco temas importantes, entre ellos, la eliminación de las trabas derivadas del veto del CNSS. Este recurso ha paralizado el funcionamiento del órgano rector del Sistema, impidiendo la toma de decisiones a favor de la población afiliada y del desarrollo del SDSS.

De igual manera, en el fortalecimiento de la Tesorería de la Seguridad Social, esto así para dotar a este organismo de capacidad jurídica para combatir la evasión y la elusión que realizan empresas para reducir el pago a la seguridad social. Además, reducir el porcentaje de la penalidad por mora a un nivel más razonable. Díaz Santana citó también la reducción sustancial de la comisión de las AFP porque son muy elevadas y erosionan el crecimiento de los fondos para el retiro. El año pasado ganaron un 38% de su capital, frente al 10% de interés de los trabajadores dueños de los fondos de pensiones.
Según explicó, no resulta conveniente aceptar la propuesta de establecer una comisión fija sobre el monto del fondo de pensión, ya que aumentaría las ganancias a las AFP independientemente de su desempeño.

Dijo que también sería de gran significación elevar gradualmente el porcentaje de cotización, ya que con un 9.97% es imposible asegurar una pensión digna, aunque se reduzcan las comisiones. Inicialmente se previó un 12%, pero hubo que reducirlo porque el CONEP y las centrales sindicales dijeron que no podían pagar más del 21%. En esas condiciones, al tener que recortar, se optó por dejar intacta la salud y sacrificar las pensiones para luego aumentarla gradualmente.

Otro aspecto a modificar sería aumentar gradualmente la edad de retiro. Los sistemas de pensiones se establecieron hace 150 años cuando la esperanza de vida promediaba unos 40 años. Entonces tenía sentido otorgar una pensión luego de 20 años de cotización ya que la expectativa de vida de un pensionado era unos 5 años. Pero en la actualidad, la esperanza de vida promedio es de 75 años, lo que implicaría que cientos de miles de afiliados podrían vivir más años como pensionados que como cotizante, generando una distorsión y un déficit insostenible.