Revisar con detalle el presupuesto del 2018 es, más que un dolor de cabeza, un acto de masoquismo. Ver en qué se gastará el dinero que aportamos todos es doloroso e indignante. La calidad del gasto, cuando se escudriña a fondo la pieza que se discute en el Congreso Nacional, decepciona.
Sin abundar en el tema de la deuda pública, que se llevará RD$134,631.6 millones (un 3.5% del PIB) en el pago de intereses, lastima ver el peso económico de muchísimas instituciones que solo parecen servir para dar empleos a los compañeros del partido.
Por ello, es muy oportuna la aparición del proyecto de ley de “Reorganización de la Administración Pública”, depositado el miércoles pasado por la diputada Faride Raful, que busca disolver cincuenta y siete instituciones, comisiones u organismos que tienen asignaciones y/o transferencias de fondos por RD$15,773 millones aunque su impacto social es bajo.
La idea de esta iniciativa es reorganizar y mejorar la gestión pública mediante la disolución y traspaso de funciones de estas entidades que forman parte del Gobierno y carecen de funciones o tienen duplicidad con otras instituciones, “provocando dispendio en los gastos corrientes”.
El listado de las instituciones, que fue publicado ayer en este diario, evidencia la irracionalidad del gasto y demuestra la importancia de esta pieza que debe ser discutida en el Congreso Nacional.
Aunque al Gobierno probablemente no le interese demasiado, hay que insistir en este tema porque, como bien dice Faride, preocupa que cada año aumenten significativamente los gastos corrientes, el déficit y el financiamiento.