La Junta Central Electoral debe todavía un montón de dinero (US$13.9 millones) por los equipos electrónicos que adquirió para las elecciones del 2016. Su empleo para supuestamente agilizar transparentemente los actos de sufragar, conteo y transmisión se fue a pique en los momentos clave y ahora quedan descartados para el 2020. Un gasto millonario que parece condenado al zafacón. Un fracaso de la modernidad por falta de planificación que ahora llevan a la JCE a resistirse a pagar lo adquirido y con razón. Un desacierto de mucho perjuicio y lo más parecido a un palo a ciega sin estudio de factibilidad para proteger la inversión, con el riesgo de que ahora «todo se quede hasta ahí», en la tradición criolla de que los muertos de campaña no tienen que pagarse, menos aun si el «difunto» es un equipo inanimado.
Este naufragio de lo tecnológico que en otras partes rinde buenos frutos al quehacer democrático no debe ser motivo para retroceder demasiado en la aplicación de componentes digitales. La JCE confía en apoyarse en recursos anteriores a los aparatos que descarta mientras prepara unos comicios desafiantes por su envergadura y complejidad. Tras las fallas de unos instrumentos aparentemente ingeniosos pero mal comprados, ahora habrá que cuidarse más de la falibilidad de algunos apéndices partidarios que se involucran en los procesos con segundas intenciones. El Estado debe pelear por un resarcimiento.

Los embates de la desunión

El Poder exacerba pasiones cuando se trata de llegar a él, volver a él o quedarse en él; y las compuertas para mantener las ambiciones en niveles razonables han saltado muchas veces por los aires. No importa el color. Lo mismo entre aparentes correligionarios que entre bolos y coludos. La falta de moderación y mutuo respeto entre tendenciados es contagiosa. Lo mismo diluye y fragmenta a opositores que pone a oficialistas a halarse de las greñas.
Lsociedad se preocupa por unos y otros. Los partidos políticos deben cumplir funciones imprescindibles para la democracia. Están supuestos a organizar en buena causa a los ciudadanos mediante afiliaciones y simpatías hasta llevarlos al supremo ejercicio del voto que legaliza y legitima autoridades sin trasvasar sectarismos a la función pública ni impedir la alternabilidad.