Los delitos y actos violentos de otra naturaleza que salen a la luz, con toda esa fuerza innovadora y de penetración que ha adquirido la comunicación social, encienden más preocupaciones que antes. Los asaltos, asesinatos, feminicidios en cifra récord y demás acciones sangrientas sobre familias y barrios contienen en sí mismo una gravedad que cobra intensidad en la visión de la gente en la que podría estarse generando la impresión de que muchos sucesos escapan a control, a lo que las autoridades deberían reaccionar con una mayor atención a la sensibilidad ciudadana. Poner empeño en despejar dudas sobre los métodos que se aplican contra el delito y que llevan a pensar que la prevención es un mito y que la Justicia no logra, con la severidad de procesos y sentencias, que sus malletes inspiren respeto.
Sorprende que bajo un orden de cosas presidencialista como el que siempre se ha tenido, con una dinámica centralizadora en la que a veces la voluntad de los que mandan alcanza más peso que las leyes gracias a la docilidad de los incondicionales, se llegue a la presunción de que el principio de autoridad no funciona adecuadamente para tomar medidas que pongan fin a la inseguridad. El ciudadano podría estar sintiéndose con suficientes motivos para creer que en hogares y calles existen en estos momentos más riesgos que en épocas pasadas, sin que se escuche una voz del más alto nivel compartiendo sus temores.

Fallándole a la sociedad

Las organizaciones partidarias de este país, diversas pero sectarias hasta en el seno mismo del poder, no han sido capaces, por lo menos hasta ayer, de dotar al país de leyes de trascendencia para los procesos electorales en implícita renuencia a la adopción de una legalidad que inevitablemente tendría que poner límites a los tradicionales usos de la política que la sociedad desea superar; como si les fuera preferible la libertad de acción que tiene debilitada a la democracia.
¿Qué se ha esperado de esos liderazgos todavía en falta? Que se sobrepusieran a los extremos de las conveniencias para propiciar instrumentos jurídicos sin resquicios para los ventajismos, que colocaran valladar contra aportes económicos de mala índole y pusieran fin a la falta de frontera entre los bienes del Estado y el partidarismo, entre otros prudentes objetivos.