Las advertencias que se han venido haciendo al gobierno están consumándose; amenazando sostenibilidad del crecimiento económico, mejoramiento de condiciones de vida, armonía social y supervivencia democrática.
Partiendo de la desesperación financiera. Evidencia de ello es que acaba de someter la modificación del presupuesto 2017, cuando se está acabando el año y para legalizar hechos cumplidos, consignando conversión de deuda de corto en largo plazo y reprogramando partidas; algunas delicadas como inobservar Ley de capitalización del Banco Central, violando compromisos internacionales y llevando a la entidad a seguir monetizando, recibiendo a cambio papeles y registros contables. Colma esa desesperación el sometimiento de bonos previstos en el presupuesto 2018 antes que éste fuera aprobado.
Otros signos de desesperación se observan en sobreprecios de combustibles y la no reducción de tarifa eléctrica. Y en la vana y majadera campaña publicitaria que desarrolla DGII contra evasión ignorando que el gobierno la provoca con sobrecargos tributarios y gastos públicos sin resultados.
Evidencia de esto último revela la reciente encuesta Latinobarómetro 2017. Consigna un 42% de personas/familias dominicanas que “no han tenido lo suficiente para alimentarse” durante el último año-compitiendo con Venezuela- en circunstancia que encabezamos, vanidosamente, la lista de personas beneficiadas de ayudas estatales: 29% cuando la petrolera Venezuela es 23%.
A este fracaso de la política social hay que añadirle el de la económica al no haber reducido el desempleo en los últimos 20 años a pesar de una economía que las autoridades pregonan estar creciendo a un ritmo exorbitante. Y que a pesar de ese crecimiento, tenemos que importar US$10,000 millones anuales en bienes para satisfacer nuestras necesidades.
Otros fracasos institucionales de la presente gestión no pueden dejar de mencionarse: el limitado combate a la corrupción que ha merecido el reciente reproche de la más alta representación diplomática de nuestro principal socio comercial, la inseguridad ciudadana, el desorden ambiental y demoterritorial, el desgano gubernamental por defender nuestra identidad que ha contaminado a otros poderes como Ayuntamiento del Distrito Nacional que autorizó irreverencias a nuestro símbolos patrios. Y pretensiones de dominio ejecutivo sobre los demás poderes que caracterizan un Estado de derecho.
En este escenario, continúan demandas con repercusiones financieras difícil de satisfacer. Ej: presión social ante impostergable retiro de vehículos destartalados cuyos requerimientos no se vislumbra con un gobierno agobiado por sus gastos y desesperado de recursos.
Cambiar este estado de cosas compete a toda la sociedad y a agentes económicos libres de connivencias y complicidad gubernamental.
Pero sobre todo a los partidos opositores llamados a sistematizar un accionar con la mira puesta en modificar este escenario más allá del entretenimiento ofrecido alrededor del mejoramiento de los sistemas electorales.