La falta de voluntad política para hacer respetar la Ley Electoral vigente ha dado pie a que queden impunes graves violaciones cometidas por los partidos. El artículo 55 de esa ley prohibe que esas organizaciones acepten ayuda material de grupos económicos, gobiernos e instituciones extranjeras y personas vinculadas a acciones ilícitas, pero los partidos han violado esa disposición sin que se les haga pagar las consecuencias, que incluyen multa y prisión correccional.
Eso explica la necesidad de fortalecer la Ley Electoral, aprobar una Ley de Organizaciones Políticas, hacer valer la proporcionalidad en cuanto a la participación de la mujer en los procesos electorales, reducir el modelo presidencialista vigente en la Junta Central Electoral (JCE), eliminar el uso de los fondos públicos en las campañas electorales, organizar las primarias de los partidos y excluir el voto preferencial. Expertos en estos asuntos hablaron del tema en el almuerzo semanal de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Es un reto para la democracia del país no solo contar con las leyes necesarias, sino también con autoridades dispuestas a hacerlas respetar y agrupaciones políticas dotadas de la suficiente entereza para conocer los límites de la libertad que les garantiza la democracia. Hacia esas metas debemos caminar para salud del sistema democrático.

El riesgo sanitario crece

El vertedero de Duquesa sigue siendo el detonador activado de una bomba sanitaria cuyas posibles consecuencias preocupan a las autoridades del sistema de salud. Cada día aumenta la acumulación de basura en los colectores del Gran Santo Domingo, lo que indica que pronto empezarán a verse depósitos improvisados en las vías públicas, el aumento de plagas transmisoras de enfermedades y eventuales brotes de gastroenteritis, cólera, leptospirosis y otras no menos peligrosas.
Ante estos riesgos, procede una disposición que obligue a permitir la deposición de manera regular de los desperdicios, sin menoscabo de las negociaciones sobre el precio de la tonelada de basura. Los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente tienen la responsabilidad de desactivar esta amenaza contra la sociedad.