Los jueces del Tribunal Constitucional conocieron ayer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Cámara de Diputados por dilación en la evaluación y designación de las ternas para la elección del Defensor del Pueblo.

Los abogados Juan Bautista Castillo, Jorge Luis Hooglutier, Pedro Bautista y Nino José Merán apoderaron al Tribunal del recurso y le solicitaron reconocer que corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) seleccionar las ternas para elegir al Defensor del Pueblo y someterlas al Senado, luego de vencidos los plazos para que lo hiciera la Cámara de Diputados.

Durante la audiencia, el abogado de la Cámara baja, Emilio Ortiz Mejía, solicitó al Tribunal rechazar la declaratoria en inconstitucionalidad, tras afirmar que los diputados han expresado interés en la designación del Defensor del Pueblo.

En ese sentido, leyó una comunicación de la secretaria general  de la Cámara de Diputados, Ruth Esther Paniagua, en la que expresa que la selección del cargo figuraba en la agenda del pasado 8 de enero, pero que fue “dejada sobre la mesa” en espera de un informe de la comisión especial que estudia las ternas.

El representante del Ministerio Público, procurador adjunto José Ricardo Taveras, solicitó a los jueces  exhortar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que, en un plazo  pertinente, completen  los trámites y procedimientos para elección del Defensor.

Otros recursos.  Los jueces además ordenaron al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) depositar documentos que prueben que no hubo un aumento en el costo de los servicios universitarios.

Tomaron la decisión al conocer un recurso interpuesto por alumnos contra la resolución 191  del Consejo, que dispuso  alzas de 25%. Los abogados de la UASD alegaron que los nuevos precios fueron dejados sin efecto ante las protestas estudiantiles.