El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo ayer que el Plan Fiscal para los próximos 6 años aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal del control al Ejecutivo de San Juan, tienen un potencial catastrófico para la población de la isla caribeña. Rosselló compadeció en conferencia de prensa tras el anunció de la JSF de la aprobación de los planes fiscales del Gobierno central, la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que impone en el primero recortes adicionales al que incluía el del Ejecutivo.
La JSF es una entidad federal que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en Washington para atender el asunto de la deuda millonaria de 70,000 millones de dólares del Gobierno de la isla caribeña. “Si se llevarán a cabo -las medidas que establece el Plan Fiscal de la JSF- el potencial es catastrófico”, dijo Rosselló, para quien la oposición del Ejecutivo a los planes fiscales, documentos base para los presupuestos y política de las finanzas públicas, de la entidad de control responde al interés por “proteger y salvaguardar» a la población puertorriqueña.
En cuanto a las diferencias en las pensiones entre el Plan Fiscal del Gobierno y el aprobado por la JSF, dijo que son “en grado y filosóficas” y que, a su juicio, las medidas introducidas por la entidad de control federal, que supondrían una reducción en la cuantía de cerca del 10 % para los empleados públicos, deben contar con la aprobación del Legislativo, algo que no va a ocurrir. Sobre las normativa laboral, que en el Plan Fiscal de la JSF incluye reducción de los días de vacaciones y de la paga extra, aseguró que de igual forma el Legislativo tendría que aprobarlo.