La democracia interna de los partidos políticos garantiza el derecho de sus afiliados a aspirar a cargos electivos, siempre que llenen los requisitos estatutarios correspondientes. Y que sepamos, la democracia del país no plantea objeciones de orden legal en contra de esas manifestaciones internas de las organizaciones políticas, aunque sí existen regulaciones generales a que debe ceñirse todo ciudadano que aspire a ser candidato a una posición elegible del Estado. Así pues, desde el punto de vista legal, no habría nada que objetar a los movimientos que impulsan las aspiraciones de varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la candidatura presidencial de esa organización para los comicios de 2016.

Sin embargo, hay aspectos éticos que tienen que ser observados aún en el ejercicio del derecho legítimo a aspirar a una nominación. Quienes ocupan cargos de Estado, y ese es el caso de algunos aspirantes en el PLD, tienen que abstenerse de distraer en favor de sus gestiones los recursos estatales puestos bajo su tutela. Desde el tiempo que debe ser dedicado a los menesteres oficiales hasta la influencia de los cargos ostentados, son recursos cuyo uso en provecho particular debe estar tajantemente prohibido, para evitar que se conviertan en ventaja sobre otros aspirantes de la misma parcela, y en perjuicio del patrimonio del Estado. Ajustemos a esos aspectos éticos la legítima aspiración.

PRECIO Y CALIDAD DE NUESTRO PAN

El pan “de agua” se mantendrá en sus precios actuales hasta enero próximo, cuando se negociará un posible aumento que lo llevaría a siete pesos la unidad. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el presidente de la Unión Nacional de Productores e Industriales de la Harina, Francisco Capellán, así lo acordaron en una reunión convocada por el ministro en el Palacio Nacional.

El pan es uno de los alimentos más sensibles en la dieta de los dominicanos y su alza siempre tiene un fuerte impacto en el presupuesto de las familias más pobres. Cualquier alza que se negocie para aplicar a partir de enero debe estar sujeta a mejoras en la calidad del producto. Como las panaderías no pueden aumentar antojadizamente el precio, muchas tratan de abaratar costos afectando el volumen y la calidad general del pan, cosa que no debe continuar ocurriendo.