A estas alturas del alboroto provocado por el premio otorgado al escritor peruano  Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura del  2010, estoy convencido  de que, ciertamente, hubo allí mucha torpeza política, pero no de parte del jurado que en atención a sus indiscutibles méritos  lo seleccionó para recibir el galardón sino de parte de los funcionarios que han criticado esa decisión, a los que nadie les conocía –al menos hasta ese momento– los pujos nacionalistas y patrioteros de los que hicieron galas. Tan fuera de su papel se mostraron, tan poco creíble resultó la impostura,  que no lograron convencer ni siquiera a los nacionalistas con los que quisieron  congraciarse, y si no que le pregunten a Pelegrín Castillo. El candidato presidencial de la FNP y el Polo Soberano dijo que “resulta paradójico” que Mario Vargas Llosa sea  denunciado por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo  y el portavoz del gobierno Roberto Rodríguez Marchena, a los que definió como los principales promotores de las “nuevas relaciones con Haití”. Y concluye que tanto la posición de uno como la del otro  carecen de sinceridad, pues su único interés es amortizar el daño electoral y de imagen provocado al gobierno por la premación al laureado escritor peruano. En ese torpe esfuerzo por descalificar un premio instituido por el Estado dominicano han puesto en ridículo, ante los ojos del mundo, al gobierno al que se supone sirven. Por eso insisto, sin asomo de sarcasmo, en que la única imprudencia política de la que se puede hablar en la concesión del premio Pedro Henríquez Ureña a Vargas Llosa  fue la cometida por esos dos funcionarios, a los que se suponía en capacidad, dada su formación académica e intelectual, de saber diferenciar la gimnasia de la magnesia, es decir, la literatura con mayúsculas de la  politiquería menuda y mezquina a la que estamos tan acostumbrados.