Cuando Luigi Ferrajoli, -gran jurista italiano, filósofo del Derecho y uno de los más importantes teóricos del garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del Derecho penal, en su obra “Derecho y razón”, y luego extendió a todo el campo jurídico y político, culminando en su magnum opus “Teoría del Derecho y de la democracia”-, visitó hace unos años la República Dominicana, invitado por la Directora de la Oficina Nacional de la Defensa Publica (ONDP), Licda. Laura Hernández Román, se mostró interesado en una noción que Denis Salas había avanzado en su ensayo “La volonté de punir: Essai sur le populisme pénal”, y que nosotros habíamos aplicado al caso de la justicia penal dominicana en un librito intitulado “Los peligros del populismo penal” y publicado gracias a los auspicios de la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. Ferrajoli me confesó, cuando cenábamos, junto con los organizadores del magnífico congreso de Derecho Penal celebrado por la ONDP y los demás ponentes participantes en el mismo, que fue en nuestro país donde por vez primera oyó no tanto el tema del neopunitivismo sino la denominación “populismo penal”.
A raíz de esa interesantísima conversación, de un correo electrónico posterior donde remití al gran maestro italiano tanto la referencia bibliográfica de Salas como mi ensayo, así como de la lectura de ambos trabajos por Ferrajoli, el italiano afirmaría posteriormente, en su libro “Poderes salvajes: la crisis de la democracia constitucional” (Madrid: Trotta, 2011), lo siguiente: “Miedo y racismo, sospecha y desconfianza hacia los diversos, inseguridad y agresividad social han sido, en estos años, intensamente alimentados por la demagogia de la seguridad de las derechas, a la que las izquierdas han sido en gran medida subalternas. El miedo ha sido siempre un recurso del poder político: puede producirlo el mismo, como en los regímenes abiertamente autoritarios, o servirse de él, secundándolo o alimentándolo con objeto de obtener consenso y legitimación, como en las campañas populistas de apoyo a medidas penales tan duramente represivas como inútiles y eficaces”. Seguidamente Ferrajoli –como si quisiese vacunar nuestra monografía contra el virus del ninguneo con que cierta mezquina pero minoritaria dogmática penal dominicana trataría de infectar esta aproximación doctrinaria autóctona al fenómeno del populismo penal- inserta la nota 2 de la página 67, donde expresa: “Esta política en materia de seguridad, dirigida a obtener consenso secundando el miedo y la demanda de medidas represivas con un uso coyuntural y demagógico del derecho penal, ha sido eficazmente llamada ‘populismo penal’ por el jurista francés Denis Salas, La volante de punir: essai sur le populisme penal, Hachette, París, 2005. Véanse también J. Prats, Los peligros del populismo penal, Finjus, Santo Domingo, 2006” y otras obras del propio Ferrajoli, González Placencia, Bovero y Pazé.
Este largo introito viene a cuento porque nadie debe criticar a Luis Abinader por invitar al país al ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani ya que, como bien afirma Flavio Darío Espinal, según la encuesta Greenberg Quinlan Rosner, un “tema crítico es el de la criminalidad, pues una extraordinaria mayoría del 85 por ciento afirma que la misma está peor, lo que representa 19 puntos más que el año pasado”. En otras palabras, desde la perspectiva de Abinader y de la oposición, tiene todo el sentido traer al país a Giuliani, aunque, como el propio Espinal reconoce, “frente a los números tan altos de aprobación que tiene el presidente Medina en múltiples áreas de la política social, más el componente de estabilidad económica, es sumamente difícil que en esta coyuntura los temas de corrupción y criminalidad, en los que el gobierno es vulnerable, sean suficientes para cambiar la balanza electoral a favor del PRM” (“Lo que nos trae la Greenberg”, Diario Libre, 3 de marzo de 2016).
Lo que sí es criticable, sin embargo, es asociarse a un hombre que -como bien afirma el ex juez supremo argentino y uno de los principales penalistas iberoamericanos Raul Zaffaroni, criticando a Giuliani, cuando visitó Argentina en 2014, invitado por Sergio Massa- postula una política de “tolerancia cero”, que no es más que “el lema de un demagogo que ya pasó a la historia políticamente en los Estados Unidos”, pues “lo único que hizo la tolerancia cero en Nueva York fue depurar un poco la policía y hacer una gran inversión en equipos”, lo cual “bajó un poco los índices de violencia; pero en otros estados de EE.UU. también bajaron y no se habló de eso”, pues “criminológicamente es un absurdo” (Infobae, 12 de enero de 2014). El ex alcalde newyorkino, en realidad, ocasionó un desembolso de 50 millones de dólares al erario por la violación de derechos humanos a ciudadanos, como bien afirma el especialista en seguridad ciudadana Fernando Tenorio Tagle (crónica.com.mx, 11 de abril de 2002).

Naturalmente, en un país donde se justifica el linchamiento, el ajusticiamiento privado y la muerte en intercambio de disparos de supuestos delincuentes, el discurso de mano dura que nos vende Giuliani puede ser muy popular tanto en la derecha como en la izquierda del espectro político. Por eso, hay que alabar la mesura del presidente Danilo Medina quien, ni como primer mandatario de la nación ni como candidato, ha caído en la tentación de acudir al “autoritarismo cool” (Zaffaroni), a la degradación política y a la “politización de la penalidad” (Bombini) que implica la táctica volkish del populismo penal ni al “recurso populista”, como erróneamente afirma Rosario Espinal (“Danilo Medina: el recurso populista”, Hoy, 2 de marzo de 2016), probando así una vez más que no hay que ser populista para ser muy popular como lo es Medina.