Choferes y transportistas, en ascuas desde que entró en vigencia la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, insisten en que la  directora  del Intrant, que  la semana pasada encabezó apenas la primera reunión de Trabajo del Consejo de Directores del organismo,  responda preguntas que la ingeniera Claudia Franchesca de los Santos no está en capacidad de responder todavía. “En esta primera reunión del Consejo y las que faltan trataremos de orientar, priorizar y evaluar de una forma estricta, científica e incluyente todas las acciones que vayamos a acometer”. Así resumió la funcionaria ese primer encuentro,  en un organismo donde  todo está –literalmente–  por hacerse.  Eso no quiere decir que no sea válida la preocupación de choferes de taxis turísticos y del transporte urbano e interurbano, afiliados a la CNTD, que quieren saber cuál será la suerte de  los más de 80 mil choferes (mal contados) que por tener 65 años o más tendrían que abandonar el servicio  como lo establece el artículo 101 de la ley 63-17. Santiago Zamora, vocero del grupo, señaló  que esa ley, además de discriminatoria, incrementará el desempleo al impedirle a hombres y mujeres todavía en capacidad de trabajar  ganarse su sustento  y el de sus familias. Y sugirió al Intrant que si piensa aplicar el citado artículo, primero recomiende al Gobierno que pensione a  los choferes que alcancen esa edad con un salario justo que les permita vivir decentemente. ¿Y quien no quiere una  pensión decente en un país donde los únicos con derecho a ese privilegio son los políticos que se sirven a su gusto, y con la cuchara grande, del Presupuesto Nacional? Lamentablemente, eso no ocurrirá. Pero Claudia Franchesca, que quiere resolver  “lo macro” para ocuparse luego de “lo micro”,  debe darle alguna respuesta a los  que temen ser sacados de circulación, al igual que las chatarras,   sin contar con  una pensión digna y mucho menos un Estado que los proteja “de la más dura de las dictaduras”: la vejez.