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En las últimas décadas, los sistemas de instrucción pública de los países de la América española y del Caribe se han venido transformado de manera muy significativa. En efecto, el número y la proporción de estudiantes son mayores; hay una gran diversidad de instituciones con fines y funciones variadas; se han multiplicado y diversificado los tipos de estudiantes, de programas y de personal docente; y han crecido las exigencias y competencias a las que se enfrentan las instituciones.
En su libro “La Educación Superior en el Umbral del Siglo XXI” el ensayista nicaragüense Carlos Tünnermann describe en forma clara y concisa las principales tendencias de la educación superior en el mundo de hoy: “la universidad latinoamericana ha venido experimentando cambios en su estructura y composición, en su papel e imagen ante la sociedad, en los objetivos que se traza, y en la organización que se toma para alcanzarlos.” Algunos de eso cambios, como el relativo a la presencia de la mujer, han ocurrido a gran velocidad y son claramente perceptibles, diferente a otros que se han venido gestando o apenas percibiendo.
La ampliación de las oportunidades educativas, la mayor cobertura de la educación media y superior, la transformación del mercado de trabajo y la modificación de las conductas sociales es ya una realidad en la mayoría de las naciones del hemisferio occidental. Pero, ¿qué decir al respecto de la República Dominicana en particular? Podemos asegurar, sin temor a caer en exageraciones, que la educación preuniversitaria ha venido experimentado un significativo progreso en los últimos años, debido al aumento considerable de las partidas presupuestarias destinadas al sector. El próximo año, el presupuesto destinado a educación alcanzará la suma de 152 mil 765 millones de pesos, equivalente al 4% del PIB, lo que le permitirá al Ministerio del ramo continuar con la materialización de una serie de proyectos como la construcción y reparación de miles de aulas, la ampliación de la tanda extendida, el desarrollo de los planes y programas de capacitación y formación docente, entre otros. Pero, en materia de educación superior ocurre todo lo contrario. A todos nos preocupa el hecho de lo limitado del presupuesto de educación superior contemplado en el proyecto de Ley General del Presupuesto para el año 2018: una tercera parte del 1% del PBI. También, el contemplado para la Universidad Autónoma de Santo Domingo: 7 mil 669 millones de pesos, muy a pesar de que las autoridades de la Universidad estatal sometieron a tiempo un presupuesto para el año 2018 ascendente a la suma de 13 mil millones de pesos, equivalente al 1.5% del Presupuesto Nacional; porcentaje éste mucho menor que el contemplado en la Ley 5778 Sobre Autonomía Universitaria y en la 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿De qué nos habrá de servir el disponer de aquí a unos cuantos años de un sistema pre-universitario de calidad junto a otro de educación superior económicamente desatendido y de una calidad menor a lo esperado?
De no corregirse a tiempo esas grandes desigualdades presupuestarias señaladas en el párrafo anterior, se producirían graves desequilibrios que podrían dar al traste con lo que hasta ahora hemos logrado.
Seguimos enfrentados a los tradicionales problemas sobre cómo hacer más atrayente la profesión docente, lo que tiene mucho que ver con los niveles de remuneración de quienes la ejercen.
Aquí, los salarios que perciben los docentes no es cosa del otro mundo, sumado al hecho de que los maestros se les dificulta bastante el obtener incrementos salariales, los cuales, por lo general, no tienen el afecto de los mandamases de turno que cuestionan a sus anchas su efectividad.