En República Dominicana la mayoría de la población económicamente activa devenga salarios menores de 20 mil pesos mensuales. Léase, este país es de gente pobre y clase media baja. Además, una minoría trabaja en el sector formal de la economía donde el empleador está obligado a cotizar junto al empleado (plan contributivo) al Seguro Familiar de Salud, según establece la Ley de Seguridad Social 87-01.

Para la mayoría de los empleados en el sector formal contributivo (digamos que son los privilegiados), es muy difícil acudir a buenos médicos y buenas clínicas privadas porque con sus bajos salarios no pueden asumir las cuotas extras; incluso algunos médicos no toman seguros o solo toman algunos.

Los pobres que SENASA, la ARS pública, ha asegurado como subsidiados tampoco tienen fácil acceso a buenos médicos y buenas clínicas. Unos no toman ese seguro y otros cobran cuotas extras.

El resto de la población trabaja en el sector informal de la economía. Tiene que pagar un seguro médico privado o no tiene ninguno porque el programa contributivo-subsidiado no está en vigencia. Además, la mayoría de estas personas no tiene recursos para cubrir los altos costos de la medicina privada.

Es decir, a pesar de que la Ley 87-01, promulgada hace 13 años, buscó asegurar bien a toda la población dominicana, la mayoría sigue sin seguro médico o está sub-asegurada, ya sea porque no pueden pagar un seguro privado, porque SENASA no los ha asegurado, o porque no pueden asumir los costos extras.

Agreguemos a eso el deterioro de los hospitales públicos producto de la baja inversión del Gobierno en salud, el enfoque privatizador de la salud de la Ley 87-01, y el incumplimiento del Estado con esa misma Ley.

Ante esta situación, el único camino de resolución al déficit en servicios de salud es un compromiso del Gobierno con establecer una red nacional de unidades de atención primaria donde pueda acudir toda la población. Muchos problemas médicos requieren simplemente de atención primaria. Para que esta red funcione bien, se necesita honestidad y compromiso de las autoridades y del personal médico, porque si se roban los instrumentos médicos y el personal anda por su cuenta, no se soluciona nada.

Para mejorar la calidad de los hospitales públicos se sabe bien lo que hay que hacer: invertir más y mejor, cambiar la mística y supervisar bien.

La Ley 87-01 no ha conducido a una mejoría sustancial de la salud del pueblo dominicano porque el Seguro Familiar de Salud se fundamenta en las ARS privadas y en la medicina privada. El costo es elevado y la mayoría de la gente, aún asegurada, no puede asumirlo.

SENASA es un artefacto burocrático-clientelar porque el Estado no tiene que asegurar individualmente a nadie. Su obligación es ofrecer buenos servicios de salud a toda la población en unidades de atención primaria y en hospitales públicos. No lo ha hecho por ser un Estado corrupto e ineficiente.

Si sucediera que los hospitales públicos fueran tan buenos que las personas afiliadas a ARS privadas usaran sus servicios, el Gobierno tendría que cobrar a esas ARS, porque no es justo cotizar en ellas y luego usar los servicios públicos gratuitos. Para cobrar se necesita un buen sistema administrativo en cada hospital público con un listado de todos los asegurados en ARS en una computadora.

Lo que propongo modifica el concepto de oferta de servicios de salud de ser fundamentalmente privados a ser fundamentalmente públicos, pero de calidad. He aquí un gran reto del Gobierno: ¿cambiarán de rumbo o insistirán en los errores?