Importantes sectores de la sociedad dominicana, en especial de las clases medias, atraviesan por lo que se podría diagnosticar como grave desilusión de la política causada por las decepciones que provoca la gestión gubernamental de un partido y un presidente que se proyectaban como negación de las degeneraciones tradicionales.

En las tertulias se advierte un crecimiento de la insatisfacción pero también la convicción de que los demás partidos y líderes no representan una real alternativa sin que se advierta el liderazgo renovador que se esperaba con la desaparición de los tres que dominaron las últimas cuatro décadas del siglo pasado.  

Percepción de corrupción.  En la medida en que corre el segundo período gubernamental consecutivo del presidente Leonel Fernández crece la percepción de que la corrupción se ha generalizado, ya a través de la apropiación individual de los bienes públicos, por la malversación, o mediante la distribución del patrimonio nacional en aras del afianzamiento y hasta desbordamiento del clientelismo.

Es difícil que transcurra una semana sin que no salte a la luz pública algún uso escandaloso de los fondos públicos, y aunque el Gobierno lo considera como falsa percepción, las encuestas vienen registrando hasta un 80 por ciento de la población que da por cierta una mayor corrupción.

Llama la atención que ya las denuncias de irregularidades, aprovechamiento del poder o repartición de lo estatal no perdonan ni a figuras que antes eran señaladas como paradigmas de los planteamientos boschistas de nítido y transparente manejo del Estado. Son los casos recientes del ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez y del superintendente de Seguros Euclides Gutiérrez Félix. Con el agravante de que ahora guardan silencio y se niegan a responder cuestionamientos, convencidos de que ninguna sanción ni reprobación les alcanzará.

En ese sentido muchos de los funcionarios cuestionados en los últimos tiempos siguen el patrón de comportamiento impuesto por el propio presidente Fernández, quien evade sistemáticamente responder preguntas de los periodistas o referirse a los reclamos de la sociedad, como ha ocurrido, por ejemplo, con el que reivindica el mandato legal, ahora con rango constitucional, en virtud del inciso 10 del artículo 63 de la nueva carta magna, que dispone privilegiar la inversión en educación.

El creciente involucramiento de los órganos de seguridad del Estado en escándalos del narcotráfico, el sicariato y otras graves expresiones de la criminalidad han contribuido a la percepción generalizada de corrupción y degeneración.

Vuelve y vuelve.  En los círculos más críticos de las clases medias, incluyendo a profesionales y empresarios, la decepción abarca al propio presidente Fernández, por haber escogido el viejo camino del caudillismo continuista en aras del cual ha adoptado como prioridad la política trujillo-balaguerista de la siembra de varilla y cemento.

A pesar de que el Presupuesto Nacional ha pasado de 120 mil millones de pesos a casi 400 mil millones en los seis años de consecutiva gestión leonelista, con crecimiento económico promedio del 7 por ciento, la inversión en educación se mantiene a la mitad del mandato de la ley.

La decepción es mayor por cuanto el presidente sostiene un discurso modernista que proclama la era del conocimiento y la educación como fundamento del desarrollo, cuando él mismo podría ser un ejemplo de las potencialidades que desata la alta formación de los recursos humanos.

Tras diez años de gobierno de Fernández, con un período de interregno, tampoco obtiene mejores notas en la solución de problemas como la energía eléctrica, el combate a la corrupción y el narcotráfico, la seguridad ciudadana, la inmigración haitiana incontrolada y los niveles de pobreza que se mantienen sobre el 48 por ciento, como acaba de certificar el último informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para la generalidad de los analistas políticos nacionales Leonel Fernández llegó al poder con todas las credenciales personales para superar el legado histórico caudillista clientelista  e imponer un estilo de gobierno más acorde con la modernidad, pero sobre todo en los últimos seis años se ha dedicado en cuerpo y alma a cultivar los  valores balagueristas como modelo de perpetuación política, cifrado especialmente en un asistencialismo que beneficia a casi millón y medio de personas. Para estabilizar, no para reducir la pobreza. 

Sin alternativa a la vista.  Sin haber podido traducir al bienestar colectivo la estabilidad y el crecimiento económico que son sus mayores logros, el gobierno parece sufrir el desgaste del tiempo, sobreviviendo en base a un desproporcionado endeudamiento mientras los sectores productivos siguen perdiendo terreno en la  competitividad, lo que incuba inconformidad.

Pero las insatisfacciones no parecen traducirse en el fortalecimiento de una opción alternativa porque muchos de los críticos no la encuentran en los otros dos partidos que han dominado el escenario del casi medio siglo que ya dista de la liquidación de la tiranía trujillista, el Partido Reformista Social Cristiano fraccionado en seis o siete grupos que pugnan por los favores del Gobierno, y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) atrapado en su irrefrenable  lucha grupal que consume gran parte de sus energías y lo distancia de los sectores más críticos de las clases medias y alta.

La esperada emergencia de una nueva y real alternativa política sigue sin hacerse visible, a pesar de que en los últimos años emergieron grupos políticos en torno a personalidades como Hatuey de Camps, Eduardo Estrella y Guillermo Moreno, tras negar prácticas políticas de los partidos tradicionales.

Contrario a lo que ha ocurrido en América del Sur, donde han emergido o se afianzaron opciones de izquierda para acceder al gobierno, en la última década, aquí la evolución parece ser a posiciones más conservadoras, dejando atrás grupos contestatarios que casi desaparecen en alianzas primero con el PRD y ahora con el PLD.

El PRD sigue apareciendo como la más probable alternativa para los comicios presidenciales dentro de 18 meses, pero hay quienes creen que la enconada y aparentemente apretada lucha por la candidatura presidencial lo conducirlo sino a una división, por lo menos a enfrentamientos desgarradores generadores de rechazos y desconfianza.

 Los perredeístas no han podido siquiera insistir en la aprobación del proyecto de ley de partidos políticos, pactado con el presidente Fernández para aprobarle su proyecto de Constitución, que reduciría el abuso de los recursos estatales en la próxima elección presidencial, los que ya viciaron los dos últimos comicios nacionales.

Más bien los grupos se disputan el favor gubernamental para alcanzar migajas en la repartición de los cargos que para nada cambiarán el dominio peledeísta en organismos como la Junta Central Electoral o la Cámara de Cuentas. 

Siembra de frustraciones

Los problemas nacionales insolubles, el pragmatismo político de los partidos dominantes, con rangos de retroceso en el proceso democrático, las luchas políticas sin diferencias programáticas, las sistemáticas burlas de los consensos, la corrupción de la política y los políticos, y las debilidades institucionales conforman una carga que empuja a la indiferencia y la frustración de la ciudadanía.

La queja es profunda pero cargada de amargura en muchos ámbitos sociales, incluyendo las tertulias de grupos organizados de profesionales y empresarios, que no traducen su inconformidad a acciones concretas, porque no logran incubar ilusiones de alternativas. Los opositores se diferencian poco de los gobernantes.

En la sociedad dominicana parecen agotadas las energías renovadoras que impulsaron cambios institucionales y mejoramiento del proceso democrático en la década de los noventa. Algunos analistas lo explican en que durante gran parte del último medio siglo siempre hubo opciones alternativas que despertaban ilusiones en los segmentos sociales más críticos, ya fuera Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez.

En la medida en que esos líderes se fueron agotando o desaparecían se creía que emergería un nuevo liderazgo renovador. Pero en vez de ello el pragmatismo y la corrupción parecen barrer con los valores de la política hasta provocar que ahora muchos añoren el viejo liderazgo pro positivo y motivador.

Y no faltan quienes consideran que el nuevo liderazgo político nacional es responsable de cierta reivindicación del caudillo Joaquín Balaguer, a quien declararon “Padre de la democracia”, y lo han convertido en una especie de carmelita descalzo por los niveles del boato, la malversación y la corrupción que se exhibe impunemente.